El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha fijado la rebaja que experimentarán los sueldos de los concejales y cargos públicos, como sí han hecho ya otros consistorios como los de Agost, Elche, o Elda, entre otros, desde que el pasado 20 de mayo el Consejo de Ministros aprobara las medidas del Gobierno para reducir el déficit público, que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el día 24 y ratificadas por el Congreso el 27. Tanto desde la oposición como desde el equipo de gobierno respaldan una reducción del sueldo, pero mientras desde el PSOE propondrán que se asuman los parámetros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desde el PP todavía no han fijado el porcentaje en el que se lo rebajarán.

El caso es que el lunes se celebró el pleno municipal y, aunque salió adelante una declaración institucional del PP para exigir la rectificación de las medidas al Gobierno, nada se dijo de la rebaja de los sueldos. Ayer, desde el grupo municipal socialista, el portavoz adjunto, Javier Macho, indicó que si en un primer momento "íbamos a presentar una moción" para pedir la rebaja, "decidimos esperar a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fijara los criterios".

Así lo hizo este organismo el pasado 25 de mayo -acuerdo respaldado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) el lunes- fijando una rebaja que para los ediles alicantinos estaría entre el 7% y el 9% dependiendo de sus sueldos. "Nosotros nos acogemos a ello y estamos a la espera de que el equipo de gobierno dé el primer paso, pero si no lo hace, forzaremos a que se cumpla", dijo Macho. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno local del PP, Marta García Romeu, señaló que desde la aprobación del decreto en el Congreso apenas han pasado unos días y reconoció que "todavía no hemos fijado el porcentaje de rebaja". En cuanto a los parámetros establecidos por la FEMP, Romeu señaló que "no deja de ser un órgano de asesoramiento no vinculante" y aseveró que "se está trabajando en cómo aplicar el decreto".

La alcaldesa, Sonia Castedo, repitió hasta tres veces que "el Ayuntamiento no se siente representado por la FEMP", algo que le recriminaron desde el PSOE, recordándole que ella es vocal.