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El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, ha calificado hoy de "anticonstitucional" el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consell para reducir y simplificar la tramitación urbanística en la Comunitat y ha señalado que pedirán explicaciones al respecto en el pleno al conseller de Urbanismo, Juan Cotino.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces, Luna ha cuestionado la urgencia de este decreto que además adelantará alguna de las modificaciones normativas que incluirá la futura ley de reforma urbanística que está preparando el Consell.
"Ahora parece que la situación de crisis económica permite justificar cualquier atropello legislativo y modificar la legislación urbanística al margen de cualquier tipo de acuerdo", ha criticado el portavoz del PSPV.
Por este motivo, el grupo socialista interpelará a Cotino en el próximo pleno para que explique un decreto "que no ha tenido a bien explicar en ninguna parte".
Para Luna, el texto aprobado por el pleno del Consell "sería declarado anticonstitucional" por el Tribunal Constitucional porque no se justifican "de ninguna manera" las razones de urgencia y necesidad que obligan a regular por decreto ley medidas como las que contiene la norma.
En estos mismos términos se ha manifestado el portavoz del grupo Compromís, Enric Morera, quien ha asegurado que el decreto supone "un paso atrás" porque "repite los errores del pasado" del urbanismo valenciano.
Para Morera, la norma suprime los trámites administrativos y convierte el suelo no urbanizable susceptible de ser urbanizado para unos usos "sin ningún tipo de control".
El portavoz de Compromís ha apoyado que se creen medidas para reducir la burocracia y las duplicidades administrativas actuales, aunque ha advertido que lo que hace el decreto es "no tener control público sobre el desarrollo urbanístico municipal".
En definitiva, la decisión adoptada por el Consell supone para Morera "un volantazo" del Gobierno valenciano "que nos vuelve a poner en el pasado" representado por el "descontrol urbanístico".
Por último, Morera ha denunciado que el nuevo decreto permitirá eludir el control a la sociedad pública VAERSA y a la Entidad Pública de Saneamiento y Aguas Residuales "para que puedan seguir endeudándose"
