El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha acordado remitir al TSJ de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP valenciano.
Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el alto tribunal valenciano había decidido sobreseer libremente, en contra del criterio del magistrado instructor en el TSJCV, José Flors.
El juez adopta esta decisión en un auto ante la posible conexión entre los delitos investigados en Valencia y las actuaciones del TSJM, y para evitar que prescriban los presuntos delitos electorales que resultan de los informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban una supuesta financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana.
El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, ve en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación.
A estos delitos añade los de blanqueo de capitales porque "su conexión" con los anteriores es "indiscutible" como lo es, también, el de asociación ilícita.
El juez apunta al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibáñez, como presuntos autores de un delito electoral.
Aunque, también señala que no se puede "desdeñar el cargo" que ocupa en el partido el presidente valenciano, Francisco Camps.
Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un "importante porcentaje de la deuda" contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil "se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél".
Otra parte -al menos 345.200 euros- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market", la empresa dirigida por el considerado responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez "El Bigotes".
Las facturas, añade el magistrado, "reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles" y que, de acuerdo con todos los indicios, "se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste".
Los pagos, insiste, "no habrán sido reflejados" en las cuentas del PP valenciano, "como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV", lo que, según Pedreira, podría constituir un delito electoral.
El auto también nombra a "el cantante" y "el príncipe", cuyas identidades se desconocen y que eran los encargados de efectuar "pagos opacos por cuenta del PPCV a Orange Market", cuyos ingresos obtenidos en 2007 "de forma opaca" fueron de 2.565.891,01 euros.
En el delito electoral "colaborarían" también los gestores de cinco empresas que abonaron "parte de los servicios prestados" por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de 2007 y, además, los responsables de esta mercantil: el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez "El Bigotes", Pablo Crespo y Cándido Herrero, el contable de la sociedad.
Además, Pedreira se refiere a las presuntas irregularidades entre las empresas vinculadas a Correa y la administración valenciana entre 2004 y 2009 que destacaba el informe de la Unidad de Auxilio Judicial para sumar los delitos de prevaricación y cohecho, ya que las supuestas infracciones "podrían estar relacionadas con pagos o regalos efectuados" a las personas que intervinieron en la contratación.
Indica el magistrado que aún está pendiente otro informe de la Agencia Tributaria sobre las elecciones generales de 2008, que podría suponer un delito electoral del que sería autor el administrador general del PP en esa fecha.
Respecto a los delitos de prevaricación y cohecho, el juez señala a Rafael Betoret Parreño, miembro de la Agencia Valenciana de Turismo y el ex director de la Radio Televisión Valenciana Pedro García Gimeno.
El comunicado que ha emitido hoy el TSJ de Madrid dice textualmente:
El TSJ DE MADRID INFORMA:
El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha acordado la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, para su unión a las Diligencias Previas 1/09 que se siguen en la citada sala por un presunto delito de cohecho impropio, con el objeto de evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana, y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid conozca de proceso alguno contra aforados que no sean de la Comunidad Autónoma madrileña.
