La presunta estafa con el renting de más de 120 camiones en el que están imputados los dueños de Autisa, entre ellos el ex presidente de la Fundación del Hércules Rafael Gregory, se acerca ya a los doce millones de euros después de que se haya personado en la causa Cajamurcia como entidad perjudicada, según explicaron a este diario fuentes próximas a la investigación. Dicha caja de ahorros, que al parecer actuó como avalista en diferentes operaciones financieras, ha cifrado en dos millones y medio de euros el perjuicio económico sufrido, mientras que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantificaron el presunto fraude en nueve millones de euros.
Una vez levantado el secreto de sumario e interrogados los dos hermanos Gregory y su padre, por el juzgado tendrán que pasar los testigos que han prestado declaración ante la Guardia Civil durante el transcurso de las investigaciones. Los agentes de la UCO están analizando la documentación intervenida en el registro de la empresa.
El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde se tramitan las diligencias abiertas por presunta estafa, falsedad documental y apropiación indebida, embargó bienes a los implicados, entre ellos algunos que fueron puestos a nombre de una sociedad que supuestamente tiene una actividad ficticia y se creó para traspasar a su nombre propiedades para eludir cualquier intervención.
La propiedad inmobiliaria presentada por los hermanos Gregory para avalar las dos fianzas de 100.000 euros no fue suficiente y tuvieron que pagar 75.000 euros para eludir el ingreso en prisión.
La investigación trata de localizar el paradero exacto de todos los camiones objeto de la presunta estafa y falsedad documental.
