El juez Antonio Pedreira ya ha empezado a adentrarse en la ramificación valenciana de la trama Gürtel hasta el punto de que tiene sobre su mesa un informe pericial, fechado hace tan sólo catorce días, en el que se revela que el Consell vulneró la ley para contratar en, al menos, 85 ocasiones con la red que dirigía Francisco Correa con Álvaro Pérez, El Bigotes, como delegado en la Comunidad. El documento, elaborado por los técnicos de la oficina de auxilio judicial y que aireó ayer el socialista Ángel Luna en las Cortes, describe un "modus operandi" de la Generalitat que, con Francisco Camps al frente, fraccionó contratos para burlar el trámite de concurso y poder adjudicar directamente a las empresas ligadas a la red Gürtel, pagó a la trama por servicios que no constan que se hayan prestado e, incluso, le abonó facturas por duplicado.

El informe analiza "caso por caso" los contratos de la Generalitat que hasta ahora, como se reconoce en el propio informe, han podido ser recopilados. Entre los que faltan, por ejemplo, el correspondiente a la edición de Fitur de 2009. Todos los departamentos del Gobierno de Camps están implicados en las adjudicaciones que fueron a parar a nueve sociedades que el auditor judicial vincula con el grupo de Correa y por las que el entramado Gürtel ingresó 7,2 millones entre 2004 -un año después de la creación de Orange Market, la franquicia de la red en Valencia que dirigía El Bigotes- y 2009.

Más del 90% de las contrataciones que recibió la trama Gürtel de la Generalitat -76 de las 85 adjudicaciones analizados por un montante de 1,1 millones de euros- se realizaron "a dedo" y por la vía, como recoge el informe judicial, de contratos menores en los que se "troceaban" las facturas para "no utilizar procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública". En plata: el Consell de Camps se saltó la ley para facilitar las adjudicaciones a la trama corrupta con varios procedimientos y un sólo beneficiario. La Generalitat contrataba sin concurso los servicios con una empresa de la red o con varias. Pero el pago siempre llegaba al mismo sitio: a las arcas de de Francisco Correa y El Bigotes.

Sólo nueve de las adjudicaciones se realizaron a través de un concurso público y la mayoría corresponden a las adjudicaciones de Turismo para los stands de Fitur, coto cerrado de Orange Market desde 2005. La factura de esa edición de la feria turística le salió a los contribuyentes por más de 1,7 millones con contratos que se encargaron sin una urgencia justificada, pagos por duplicado -algo que también se repite en las dos ediciones siguientes- y sin autorización de Presidencia, algo preceptivo. Dos firmas públicas -Vaersa y Sepiva- también contrataron por concurso a la red para editar sendos vídeos. Se pagaron pero no consta que el servicio se realizara.

Entidades ligadas a la Generalitat abonaron facturas a El Bigotes sin tramitar contrato

El detallado informe, de 44 páginas, también desgrana cómo dos entidades públicas ligadas a la Generalitat, la Fundación de la Luz de las Imágenes y Proyecto Cultural de Castellón pagaron facturas a las sociedades de la trama sin que en ellas "se haga referencia a un posible expediente de contratación por lo que es posible que se hayan tramitado como contratos menores, a pesar de que su importe excede significativamente del límite". A través de esa vía llegaron a las arcas de Orange Market cantidades por valor de 302.197 euros. El informe judicial subraya que, en tanto que entidades que disponen de fondos públicos, estas sociedades deben de atenerse, igualmente, a la normativa legal, algo que no hicieron vulnerando "los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". P. rostoll.