30 de marzo de 2010
30.03.2010

El Consell blinda sus contratos con una firma que la Policía liga a la red Gürtel

El Gobierno "oculta" 53 expedientes con adjudicaciones a Sedesa, mercantil de la familia Cotino

30.03.2010 | 02:00
El conseller Juan Cotino vuelve a su escaño, en un debate reciente en las Cortes.

Nada de nada. Ni un papel. El Consell de Francisco Camps mantiene su política de opacidad total y absoluta sobre las empresas a las que adjudicaba contratos y que, a la vez, también mantenían contactos con la trama Gürtel. De hecho, explicó el síndic del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, la Generalitat ha evitado remitir a los socialistas, tras una iniciativa del diputado Francesc Signes, un total de 53 expedientes con adjudicaciones a la mercantil Sedesa, una firma vinculada a la familia Cotino y que aparece en el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía del pasado mes de julio en el que se desgranan los detalles de una supuesta red de financiación ilegal del PPCV a través de la trama que dirigía Francisco Correa con El Bigotes, amigo de Camps, como delegado en Valencia.
El PSPV atribuye a Sedesa adjudicaciones por la friolera de 830 millones a lo largo de los últimos años. Los socialistas valencianos incluyeron, como se recordará, a la mercantil de la familia del vicepresidente del Consell y titular de Urbanismo en la querella que presentaron contra altos cargos de la Generalitat, entre ellos el propio Camps, y contra cinco empresarios, entre los que se encuentra Sedesa pero también el constructor alicantino Enrique Ortiz.
Ángel Luna explicó a este periódico que su grupo en las Cortes, a través del diputado Signes, solicitó los expedientes de 53 adjudicaciones a Sedesa. Pero el Consell hizo oídos sordos. De media docena de contratos, correspondientes a la conselleria de Hacienda, la Generalitat no aportó papel alguno. Ofreció a los socialistas la posibilidad de revisar la documentación en las instalaciones del departamento que dirige Gerardo Camps. De los otros 47, el Consell únicamente remitió a los diputados del PSPV en las Cortes los pliegos de condiciones. "Nosotros -explicó Luna- volvimos a solicitar específicamente la información relevante sobre esos expedientes como la oferta de la licitadora, los informes técnicos y actas de la mesa de contratación o los contratos administrativos con la empresa pero nada". De hecho, el Gobierno valenciano, pese a los intentos del PSPV, se limitó a señalar el pasado 25 de marzo que la información "relevante ya había sido facilitada". Para el síndic socialista, el Consell pretende "ocultar" las adjudicaciones de Sanidad y Medio Ambiente y eso le arrastra a la "opacidad".
En este sentido, el diputado Francesc Signes aseguró que ha recibido "mensajes y recomendaciones" de "cargos públicos y algunas sociedades", que, en el caso de estas últimas, se podrían calificar como "amenazas" -de querella, según Luna- para que no "insista" en este asunto. Aunque rechazó concretar nombres -hasta dos llamadas telefónicas amenazantes habría llegado a recibir Signes-, negó que entre ellos se encuentre el propio conseller Cotino o las patronales empresariales. "No me intimida la situación. Voy a seguir en el mismo camino", aseveró el parlamentario socialista.

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