El Parlamento Europeo ha enviado sendas cartas al Gobierno español y a la Comisión Europea para que aclaren las denuncias de hasta 14 propietarios españoles que se han dirigido a la Eurocámara tras ser expropiados en aplicación de la Ley de Costas. La decisión se tomó tras haber escuchado las alegaciones de la directora de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Paz Antolín, y de José Ortega, portavoz de uno de los colectivos de afectados. Las explicaciones oficiales no convencieron a los eurodiputados y sigue la investigación.
Los catorce denunciantes, la mayoría españoles, pero también británicos y alemanes, denuncian la aplicación, a su juicio abusiva, de la ley en las Islas Canarias (el barrio de Cho Vito, en Tenerife), la Comunidad Valenciana (Santa Pola, Alicante), Catalunya (Empuriabrava, Girona), Islas Baleares (Formentera), País Vasco (Molino de Portu Errota, Vizcaya) y Andalucía (Almería). Denuncian que el Gobierno la está aplicando con carácter retroactivo y consideran ínfimas las indemnizaciones.
Por su parte, los hosteleros volvieron a denunciar ayer la intransigencia de Medio Ambiente.
