El desempleo y las deudas han asfixiado a miles de familias alicantinas, que en el último año han desbordado a los servicios sociales municipales con la atención de 7.401 nuevas personas. Se trata de gente que no ha podido soportar los envites de la crisis y se ha visto forzada a pedir ayuda para poder salir adelante. A ellos, hay que sumar las familias desfavorecidas a las que se realiza un seguimiento desde años anteriores, con lo que el total de alicantinos asistidos asciende ya a 33.288 en 2009. Éstas son las cifras facilitadas por el edil de Hacienda, Juan Zaragoza, para justificar el presupuesto de Acción Social para 2010, que asciende a 11,3 millones, frente a los 10,7 millones del año anterior.

El número de personas atendidas por los servicios sociales ha experimentado un aumento considerable. Sólo en la primera mitad del año el incremento de las atenciones fue del 65%, según datos de Atención Social. Durante esos primeros meses fueron atendidas cerca de 3.000 nuevas personas, mientras que al terminar el año se superan las 7.000.

Estos datos explican cómo la mala situación económica se ha agravado en el seno de muchas familias. Las necesidades de atención se centran, principalmente, en los problemas relacionados con la vivienda o con la finalización de la prestación por desempleo. Se trata mayoritariamente de familias en situación de emergencia que acuden a los centros de Atención Social para reclamar algún tipo de prestación económica individual o extraordinaria, así como ayudas para gastos de primera necesidad.

La situación se ha agudizado durante este año, sobre todo en áreas de la ciudad como la zona norte, y ha desbordado a los centros sociales que han alcanzado demoras en las citas de hasta cinco meses, tal y como ya informó este diario. A finales del año pasado, la alcaldesa, Sonia Castedo, llegó a reconocer el colapso de estos centros y pedir ayuda al Consell para reforzar el personal, pues cada trabajador social atendía a una media de 14 personas o familias al día. Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social autorizó una partida adicional para Alicante de 280.000 euros para las situaciones de emergencia. El creciente número de familias con dificultades para pagar su vivienda, llevó al Servicio de Atención Jurídica de la Concejalía de Acción Social a crear un área específica para atender consultas y mediar con los bancos para renegociar las hipotecas de las familias en situación de precariedad por la actual crisis.

Para este año, el presupuesto municipal para el área es de 11.292.060 euros, 539.000 euros más que en 2009. El Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda en la que proponía crear una nueva partida de 50.000 euros para la creación de un equipo para controlar las normas de accesibilidad, pero el pleno municipal del pasado martes lo desestimó. El edil de Hacienda defiende que el Ayuntamiento "abandera la acción social". Al respecto, Zaragoza aporta datos para "que se conozca el trabajo de la Concejalía". Además de las personas que fueron atendidas por primera vez y el total de personas asistidas por los servicios sociales, el concejal desveló que 1.846 inmigrantes fueron atendidos dentro del Programa de Arraigo Social.