28 de febrero de 2010
28.02.2010
LOS BIENES DE LOS POLÍTICOS

Los "sintecho" de las Cortes

Una docena de diputados autonómicos, entre ellos Luis Díaz Alperi y Barberá, dicen no disponer en propiedad de vivienda alguna

28.02.2010 | 01:00
Los "sintecho" de las Cortes

Uno de los grandes sueños que alimentan casi todos los proyectos vitales es el de disponer de una vivienda, un derecho que reconoce la Constitución. Una docena de diputados autonómicos han llegado a ocupar un escaño en las Cortes Valencianas e, incluso, importantes cargos políticos en otras instituciones de la Comunidad pero, sin embargo, dicen no disponer de vivienda o de propiedad inmobiliaria alguna. Al menos eso es lo que han hecho constar en su declaración de bienes, documento oficial que las Cortes han publicado esta semana en su boletín. Entre los que aseguran no tener casa figuran destacadísimos dirigentes del PP como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; o el ex primer edil de la ciudad de Alicante, Luis Díaz Alperi.
En el listado de "sintecho" con escaño en el hemiciclo autonómico aparecen cinco parlamentarios del PP, casi la mitad de los que no detallan en su declaración de bienes ningún tipo de propiedad inmobiliaria. Junto a los citados Barberá y Alperi -su hija, también diputada del PP, sí revela, por contra, disponer de una vivienda-, tampoco declaran disponer de un inmueble de su propiedad la alicantina Yolanda García Santos, tesorera del PP y que aparece en alguna de las grabaciones del informe policial en el que se destapa una supuesta red ilegal de financión de los populares en la Comunidad ligada a la trama Gürtel; el diputado César Sánchez, ex asesor de Camps en la Generalitat y edil en Calp; y el ex de Unión Valenciana y hoy en las filas del PP, Rafael Ferraro, que no declara tener vivienda alguna, que asegura disponer en sus cuentas de apenas 3.000 euros en líquido pero que, a la vez, acumula números rojos por más de 445.000, según consta en la declaración de bienes que ha registrado en las Cortes.
Cinco diputados socialistas -algunos que acumulan varias legislaturas en el hemiciclo autonómico- también declaran que no tienen escriturada vivienda alguna. Entre ellos, figuran Nuria Espí, portavoz del PSPV en la comisión de control de RTVV; Vicent Sarrià, ex secretario de Organización de los socialistas valencianos; y el eldense Eduardo Vicente. Los tres cumplen ya su tercer mandato en el hemiciclo autonómico. Tampoco tienen todavía vivienda en propiedad ni Antoni Lozano ni la joven Clara Tirado, diputada por Castellón y uno de los más firmes apoyos en esa provincia del líder del PSPV, Jorge Alarte.
Mireia Mollà, parlamentaria de Compromís -el grupo que comparten el Bloc e Iniciativa en las Cortes-, asegura no disponer todavía de vivienda, pero especifica, con gran detalle, que, a día de hoy, la tiene pendiente de escriturar. Marina Albiol, de EU, tampoco dispone de una casa en propiedad y únicamente declara la propiedad de un vehículo y deudas por algo más de 10.000 euros.
La decisión del PP de hacer públicas las declaraciones de bienes de sus diputados y, por tanto, de Francisco Camps, en lugar de poner luz y taquígrafos sobre el patrimonio de los políticos, sólo ha servido -de la forma en la que se ha hecho- para alimentar la tensión política y las dudas sobre la veracidad de algunas declaraciones -muy poco detalladas, especialmente, la de los diputados del Partido Popular- y para que la Comunidad estuviera, de nuevo, apuntada por el foco mediático de toda España por la declaración de Camps, propietario de medio piso y casi mileurista con una única cuenta a su nombre de 905 euros.

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