El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) aprecia indicios de delito en la financiación del PP de la Comunidad pero, al menos de momento, no los investigará. Ese es el resumen del auto con el que la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal valenciano, por unanimidad, opta por declararse incompetente para abrir diligencias a raíz de la querella socialista en la que, en base a un informe policial que el propio auto define como "cualificado", se desgranan los detalles de una supuesta red ligada a la trama Gürtel que habría inyectados fondos en las arcas de los populares valencianos a través de empresas que recibían contratas públicas a cambio. El TSJ argumenta que su intención es evitar que se duplique la investigación del caso al tener abiertas ya diligencias en Madrid el juez Pedreira.
Así las cosas, por ahora, las indagaciones sobre la financiación del PP de la Comunidad continuarán en el TSJ de Madrid, en consonancia con el planteamiento que hizo la Fiscalía el pasado 5 de febrero. El máximo órgano judicial de la Comunidad entiende que debe declararse no competente para investigar la denuncia socialista -presentada contra Camps, altos cargos del PP y del Consell y cinco empresarios, entre ellos, el alicantino Enrique Ortiz por la comisión de siete presuntos delitos- porque, asegura, esa es la mejor vía para garantizar la unidad de la causa, para tener una visión global del caso y, sobre todo, porque la querella del PSPV incluye hechos "conexos" a los que ya están siendo investigados por Pedreira, que tiene en su poder el citado informe policial que pone en cuestión el entramado de financiación del PP de la Comunidad.
En este sentido, la posición del TSJ es clara: lo conveniente es que el caso continúe en un sólo tribunal. "No se puede deslindar", subraya. Así lo apuntó la Fiscalía, que sí tiene acceso a los pormenores de la investigación. Y a ese argumento se suma el TSJ, que ya pidió datos al alto tribunal madrileño, documentación que el juez Pedreira descartó remitir para proteger las diligencias -en gran medida, todavía, bajo secreto sumarial-.
No obstante, el TSJ deja la puerta abierta a asumir una parte del caso más adelante si aparecieran en el sumario aforados de la Comunidad. Y tampoco descarta que la causa pudiera finalizar su periplo en el Supremo.
A pesar de que el PP, de puertas para afuera, vio en la decisión del TSJ un triunfo, lo cierto, sin embargo, es que el auto no transmite síntomas para la tranquilidad. No sólo aprecia indicios de delito en la financiación del PP de la Comunidad sino que, además, en varios pasajes del documento que fundamenta la decisión judicial, alude a la existencia de un "modus operandi" o un "patrón de conducta" conjunto: "la obtención de favores por parte de responsables políticos". La decisión judicial, que arroja sombras otra vez la financiación del PP de la Comunidad, no llega en un buen momento para Camps. El caso Gürtel vuelve a salpicarle ahora que se desataban las especulaciones sobre una mejora de las relaciones con el líder del PP, Mariano Rajoy.
No habrá preguntas sobre la red por vez primera en un año
En principio y salvo que opte por ausentarse, Francisco Camps volverá a las Cortes este jueves para debatir con la oposición. Es noticia porque acumula nada menos que cuatro meses sin el "cara a cara" con los portavoces de los grupos parlamentarios. Será la primera vez en un año, quitando que el asunto salga en alguna de las repreguntas, que el jefe del Consell evitará el caso Gürtel en la sesión de control. Tendrá que enfrentarse, de todas maneras, con cuestiones de plena actualidad. El socialista Ángel Luna le preguntará por la situación económica de la Generalitat y los impagos a empresas. Enric Morera, que debutará como síndic de Compromís -el grupo que comparten los diputados del Bloc e Iniciativa-, le pedirá a Camps que aclare sus gestiones en defensa de la conducción Tajo-Segura. La única pregunta que se apartará del debate público será la de Rafael Blasco, del PP, que le interrogará sobre la situación del transporte.
