La etapa de mayor prosperidad económica de la historia no ha servido para que se cierre la brecha existente entre los ingresos de hombres y mujeres en la provincia. Al contrario, aunque en porcentaje se haya reducido algunos puntos, en términos absolutos la desigualdad es ahora incluso mayor que en 1999, según los datos en poder de la Agencia Tributaria. En concreto, si hace diez años las trabajadoras alicantinas declaraban un salario anual 3.703 euros inferior al de los varones, en 2008 la diferencia había aumentado hasta los 4.297 euros.
En este tiempo, tanto unos como otras han visto aumentar notablemente sus ingresos pero el problema es que el punto de partida era muy distinto y no se ha corregido esta disparidad. En el caso de los hombres el sueldo medio declarado ha aumentado de 12.120 euros a 17.518. Es decir, ahora cobran 5.398 euros más. Las mujeres, sin embargo, sólo reciben 4.804 euros más, al pasar de 8.417 a 13.221 euros lo que ingresan por el trabajo de todo un año.
Sobre el papel, hace tiempo que ambos sexos son iguales pero en la práctica se sigue dando "una segregación ocupacional y vertical", asegura la secretaria general de CC OO en l'Alacantí, Consuelo Navarro. En otras palabras, sigue habiendo trabajos considerados "de hombres" -generalmente mejor remunerados- y "de mujeres" y a ellas le cuesta más ascender.
Navarro lamenta que incluso existen convenios colectivos que contribuyen a esta segregación. Por ejemplo, el del sector de la limpieza establece dos categorías: la de operario y la de peón especialista. En cuanto a las tareas, la única diferencia es que los segundos "pueden limpiar cristales" con material específico pero su salario es mayor. El resultado es que "los operarios son todos mujeres y los peones, generalmente, hombres", se lamenta la portavoz de CC OO.
Lo mismo ocurre en sectores teóricamente más avanzados al emplear a un alto nivel de universitarios, como sería el de la Sanidad o el de la Energía. En este segundo caso la diferencia llega a ser de más de 9.000 euros "porque ellas trabajan de auxiliares administrativos, aunque asuman responsabilidades mucho mayores, y ellos copan los puestos de técnicos medios y altos", razona la sindicalista.
Otro de los motivos de que las mujeres tengan menos ingresos es que son las principales destinatarias "de los contratos a tiempo parcial", señala el secretario general de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis. La corresponsabilidad todavía es un concepto extraño para la mayoría de los varones y son las mujeres las que continúan asumiendo en solitario el cuidado de los hijos o los mayores, por lo que son las únicas que solicitan reducciones de jornada o se conforman con trabajos de medio día. Sin embargo, Llopis alerta de las consecuencias de esta práctica ya que condiciona no sólo sus ingresos actuales, sino también "los futuros, de cara a la percepción de prestaciones, como la de maternidad, desempleo, jubilación, invalidez o incapacidad".
Los datos no dejan lugar a dudas. De los 119.271 contratos a tiempo parcial registrados en la provincia entre enero y noviembre de 2009, el 62% (73.352) fueron suscritos por mujeres.
La aprobación de la Ley de Igualdad tampoco ha mejorado sustancialmente la situación. La norma obliga a las empresas a redactar planes para acabar con la discriminación en sus centros de trabajo pero sólo cuando el número de asalariados es mayor de 250. En una provincia con un tejido productivo absolutamente dominado por las pymes, esta legislación no resulta demasiado eficaz.
Más guarderías y atención para dependientes
Los dirigentes sindicales alicantinos tienen muy claro que el verdadero salto hacia la igualdad de los dos sexos se producirá cuando las tareas domésticas y el cuidado de la familia dejen de considerarse un asunto exclusivamente femenino, lo que permitirá que las mujeres desarrollen sus carreras profesionales en igualdad de condiciones. En este sentido, aunque la educación es fundamental, las administraciones también disponen de mecanismos que pueden contribuir de forma decisiva a cambiar las cosas. Tanto Consuelo Navarro como Óscar Llopis coinciden en la necesidad de aumentar las plazas escolares públicas de 0 a 3 años, hasta cubrir a la totalidad de los niños en esta edad. Del mismo modo, reclaman una pronta y correcta aplicación de las ayudas y los servicios previstos en la ley de Dependencia. Navarro también reclama una mayor implicación por parte de las organizaciones empresariales "que en la negociación colectiva consideran este asunto como 'una maría'". Por su parte Llopis también exige un mayor control de la economía sumergida ya que la presencia de trabajadoras en mayor en muchos de los sectores donde los pagos en dinero negro son habituales, lo que también explica la diferencia en los ingresos declarados.
