Los jueces implicados en la lucha contra la violencia machista han llegado a la conclusión de que el mito de que muchas mujeres presentan denuncias falsas no es real. Un informe del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Doméstica y de Género revela que de 530 casos analizados en toda España -78 de ellos en la Comunidad Valenciana- sólo en uno había indicios de que la supuesta víctima había mentido.

Los fiscales de malos tratos de la vecina Valencia han ido más lejos al comprobar que de 15.000 denuncias analizadas desde la puesta en marcha de los juzgados especializados sólo en dos casos es probable que la mujer haya mentido. Los abogados especializados malos tratos insisten en que la "leyenda" de que la mayoría de las denuncias son falsas está siendo propagada por sectores muy conservadores y asociaciones de padres divorciados. Los letrados insisten en que la prioridad es evitar que las mujeres continúen siendo asesinadas.

El juez de Familia número 7 Sevilla, Francisco Serrano, ha avivado en los últimos días la polémica al tachar de discriminatoria la ley contra la Violencia de Género. El magistrado apuntó que la ley -impulsada por el Gobierno de Zapatero para frenar la sangría de muertes- es fruto de la "dictadura" del "feminismo radical", la calificó como "perversa". Sin embargo, la posición del juez Serrano es minoritaria en la judicatura. La presidenta del Observatorio lamentó por medio de un comunicado que opiniones como las de Serrano demuestran "una falta de sensibilidad ante un problema social de derechos humanos".

Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante y uno de los autores del informe del Poder Judicial que desmonta la creencia de las denuncias falsas, explicó que el problema de fondo es que la mitad de las denuncias no llega a juicio oral porque los magistrados de instrucción no ven suficientes pruebas de cargo contra el agresor, "pero eso no significa que la víctima se haya inventado la denuncia".

Uno de los principales problemas es que las víctimas tardan una media de cinco años en presentar la primera denuncia, lo que les resta credibilidad cuando comparecen en el juzgado y complica la obtención de pruebas. "Muchas están nerviosas y no verbalizan detalles fundamentales que son esenciales para romper la presunción de inocencia. No quiere decir que la denuncia sea falsa, pero el juez no tiene suficientes indicios de culpabilidad del acusado y la presunción de inocencia es sagrada. Esto provoca que la mitad de los casos se queden por el camino", subrayó Magro.