06 de diciembre de 2009
06.12.2009
SERVICIOS SOCIALES

Las peticiones de ayuda social en la provincia triplican las de Valencia

Ocho mil familias alicantinas sin recursos reclaman la Renta Garantizada de Ciudadanía a Bienestar Social, que ha autorizado 2.500 hasta ahora

06.12.2009 | 01:00
Dos indigentes duermen en el interior de un cajero de la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo

La población de la provincia de Alicante está siendo más vapuleada por la crisis económica que el resto de la Comunidad Valenciana. Así, al menos, se desprende de la cifra de familias que han reclamado el acceso a la nueva ayuda social de emergencia denominada Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) -antigua Prestación Económica Reglada (PER)- que concede la Conselleria de Bienestar Social.
Más de 8.000 personas sin recursos en la provincia han solicitado hasta noviembre esta prestación económica -que oscila entre los 300 y los 600 euros mensuales y su duración es de uno a doce meses, prorrogables por un año-, una cifra que casi triplica la registrada en la provincia de Valencia, alrededor de 3.000, según datos confirmados por la Conselleria de Bienestar Social, que no ha podido ofrecer ninguna explicación, salvo el mayor desempleo en el sector servicios, a la elevada demanda registrada en Alicante.
De estas 8.000 peticiones de familias alicantinas, alrededor de 2.500 han sido ya resueltas y se prevé llegar a 3.000 al finalizar el año, aunque ello no significa que se encuentren ya percibiendo dicha renta. De hecho, la complejidad de la tramitación y la implicación en el proceso de varios organismos -los ayuntamientos o mancomunidades y los servicios de empleo, ya que la concesión de la renta implica el compromiso del usuario en un plan de inserción socio-laboral que diseñan estos organismos- dilatan la confirmación de las ayudas por Bienestar Social.
El Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, cuyos servicios sociales no tramitan directamente las solicitudes, ha sido requerido por la Conselleria de Bienestar Social para elaborar 968 informes de expedientes presentados por los usuarios, de los que se han remitido ya de vuelta a la Generalitat 595. Al Ayuntamiento de Elche, que sí actúa de intermediario entre el usuario y Bienestar Social, se le han pedido 284 informes de inserción, de los que han culminado 121. No obstante, Bienestar Social asegura que se pagarán todas las rentas que cumplan los requisitos.
A todo ello se añade que la mercantil Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales) gestionará a partir de ahora la tramitación de expedientes de solicitudes de la RGC por una encomienda de Bienestar Social. Avapsa, creada en 2006 por la Generalitat, se encarga de valorar los casos de la Ley de Dependencia y ha recibido numerosas críticas por retrasos y errores en su gestión, además de que CC OO recurrió su contratación por parte de Bienestar Social.

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