27 de noviembre de 2009
27.11.2009
LOS EFECTOS DE LA RED CORRUPTA EN LA COMUNIDAD

El TSJ pide documentos al PP, a Interior y a las Cortes por la querella del caso Gürtel

El alto tribunal valenciano solicita al juez Pedreira una aclaración sobre la trama en Madrid para evitar duplicidades e "interferencias" en la investigación

27.11.2009 | 01:00
El TSJ pide documentos al PP, a Interior y a las Cortes por la querella del caso Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad solicitó ayer documentación al PP, al Ministerior del Interior, a la Junta Electoral y a las Cortes como paso previo para determinar si se declara competente y abre diligencias a raíz de la querella presentada por el PSPV contra altos cargos del Consell, del Partido Popular y cinco empresarios -entre ellos, el alicantino Enrique Ortiz- por la supuesta financiación ilegal de la formación que preside Francisco Camps a través de la red que dirigían Francisco Correa y El Bigotes. El alto tribunal valenciano también solicita al juez Antonio Pedreira una aclaración sobre los detalles de la investigación de la trama en Madrid para evitar duplicidades e "interferencias".
Como se recordará, los socialistas registraron una querella -firmada por los diputados Ángel Luna, Ximo Puig, Cristina Moreno y Carmen Ninet- que se basa en un informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía -que, en su día, no tuvo en cuenta el TSJ dentro del sumario por supuesto cohecho contra Camps- que describe una presunta red de financiación que inyectaba fondos a las arcas del Partido Popular a través de las sociedades de la red Gürtel y de grandes empresas de la construcción que, a su vez, recibían importantes adjudicaciones de la propia Generalitat.
La denuncia va dirigida contra 17 personas, entre otros, el presidente de la Generalitat, el vicepresidente Vicente Rambla, el ex secretario general del PP Ricardo Costa, el vicesecretario David Serra o el antiguo responsable de Canal 9, Pedro García. La querella incluye, igualmente, a los cabecillas de la trama corrupta -Francisco Correa y El Bigotes, entre otros-; y a los responsables de cinco de las grandes empresas constructoras de la Comunidad: Facsa, Lubasa, Piaf, Sedesa -empresa ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino- y Enrique Ortiz. Se da la circunstancia de que uno de los firmantes de la denuncia, el mencionado Ángel Luna, trabajó durante años para el conocido empresario alicantino. Los socialistas sugieren la comisión de siete posibles delitos: financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.
El TSJ -el ponente de la querella es el magistrado José Francisco Ceres, cuyo voto fue decisivo para el archivo de la causa contra Camps por el caso de los trajes- pide, por un lado, documentación al Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, departamento donde están depositados los Estatutos del PP; a la propia dirección regional de los populares valencianos, por la referencia a dirigentes de la formación; y a la Junta Electoral Central y a las Cortes para que ratifiquen la existencia de aforados y, por tanto, que el TSJ puede investigar al figurar en la denuncia diputados autonómicos. Y, por otro, traslada al alto tribunal de Madrid -instancia judicial en la que el magistrado Antonio Pedreira investiga la ramificación de la red Gürtel en esa Comunidad- la necesidad de determinar, en el caso de que finalmente decida abrir diligencias por la querella del PSPV, que "los hechos a los que se refiere ésta -la denuncia socialista- no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar -señala el TSJ- a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".
Para Ángel Luna, síndic del PSPV en las Cortes y uno de los firmantes de la denuncia, la decisión judicial abre la vía para que se investigue la supuesta vinculación de la trama Gürtel con el Consell y el Partido Popular. "Estoy muy satisfecho de que, aunque sea indirectamente, se reconozca que no es una denuncia gratuita", dijo Luna antes de declarar que, a su juicio, se evidencia que "los hechos tienen que ser investigados: lo único que cuestiona esta decisión es que parte se queda cada tribunal". "La justicia -continuó el síndic del PSPV en las Cortes- debe aclarar unos hechos que han supuesto que dinero público de todos los valencianos vayan a parar a una trama que tiene sus raíces en paraísos fiscales".

El Poder Judicial archiva la queja contra De la Rúa
El Consejo General del Poder Judicial, como anunció en su día este periódico, decidió ayer archivar la queja presentada contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en el sobreseimiento de la rama valenciana del caso Gürtel. La decisión de archivar la queja, que había sido presentada el pasado mes de agosto por el abogado murciano José Luis Mazón, ha correspondido a la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial para la que no está acreditada la relación personal entre De la Rúa y el jefe del Consell, especialmente, si se tiene en cuenta que el actual presidente del alto tribunal valenciano no ha sido ni siquiera recusado.

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