Mayor iniciativa y voluntad política para conseguir un compromiso firme de la banca a la hora de subrogar hipotecas que permitan a los ciudadanos acceder a una vivienda protegida. Dirigir, de manera sistemática, cualquier medida que se adopte para la creación de VPO. Y por último, trabajar para que la legislación urbanística de la Generalitat resulte lo suficientemente ágil, dinámica y eficaz para dar una respuesta positiva a la actividad inmobiliaria, una vez se haya superado la actual situación de parálisis por la que atraviesan las empresas promotoras. Estas fueron las principales demandas que los promotores dirigieron anteayer al Consell en el curso de la jornada divulgativa organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia para presentar el nuevo Plan Nacional de Vivienda 200-2012 y las medidas que contempla para incentivar la construcción de vivienda protegida.
Un encuentro a lo largo del cual se puso de manifiesto el interés de los promotores por facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda protegida a partir de las medidas que contempla el Plan Nacional de Vivienda, en su dimensión autonómica. Demandas que el secretario general de los promotores, Benjamín Muñoz, planteó como necesarias tanto para que la actividad del sector inmobiliario pueda reactivarse, como para sacar al mercado cuantas VPO sean necesarias para dar una respuesta a la demanda de esta tipología de viviendas, de una manera rápida y con eficacia.
Los empresarios formularon sus reivindicaciones en el marco de una jornada informativa con objeto de analizar e informar sobre las disposiciones legales relativas al plan estatal y al decreto autonómico que determinará las actuaciones en la Comunidad Valenciana.
El interés de los promotores por la transformación de vivienda libre en protegida constituyó, por otro lado, la reivindicación a lo largo de la cual los empresarios alertaron sobre la necesidad de orientar las medidas que contemple el plan a sacar el stock de vivienda nueva, cifrado en torno a las 140.000 viviendas en la Comunidad.
