La Dirección General de Costas ha vuelto a advertir al Ayuntamiento de Alicante de que el inmueble sobre el que se asienta el ruinoso hotel El Cabo de la Playa de San Juan no admite viviendas residenciales, por lo que emplaza a la Gerencia de Urbanismo a abstenerse de conceder cualquier licencia de edificación en la zona. Los propietarios del desvencijado edificio en primera línea ya han pedido la licencia de demolición con miras a la construcción de 13 viviendas, dos estudios y 16 plazas de garaje, proyecto que cuenta con la autorización de la Conselleria de Infraestructuras desde 2008.
El escrito de Costas dirigido a la Gerencia de Urbanismo empieza por reconocer que el Ministerio ha conocido a través de los medios informativos la declaración de ruina por parte del Ayuntamiento del hotel El Cabo, así como la intención de los propietarios, Inversiones AM 2000, de proceder a su demolición. A continuación comunica al consistorio que el citado edificio, en pésimo estado de conservación, está en zona de servidumbre de tránsito y en zona de servidumbre de protección de acuerdo con el deslinde de dominio público marítimo terrestre vigente. "En consecuencia", prosigue Costas, "para proceder a su demolición, conforme a los artículos 48 y 49 del Reglamento General de Costas, es necesaria la preceptiva autorización otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma previo informe preceptivo de este Servicio Provincial". Por último, el Ministerio comunica al Ayuntamiento que el artículo 25.1 de la vigente Ley de Costas prohíbe en la zona de servidumbre de protección las edificaciones destinadas a residencia o habitación, "por lo que se ruega a esa Corporación Municipal que se abstenga de otorgar cualquier tipo de licencia para la edificación que afecte a dicha zona".
No es la primera vez que el Ministerio de Medio Ambiente interviene para advertir de que esta privilegiada zona de la Playa de San Juan, colindante con el exclusivo Hotel Sidi, no admite edificaciones. Ya en 2002 Costas avisó de la ilegalidad de las obras para convertir el inmueble en un edificio de lujo por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre. Durante todo este periodo, la finca se ha degradado hasta extremos peligrosos, al punto de que la concejala de Imagen Urbana, Oti García-Pertusa, decretó su ruina legal el pasado mes de mayo.
Sorpresa municipal
El Ayuntamiento recibió ayer con sorpresa el escrito de Costas, sobre todo por considerar que, en otros casos, no ha sido preceptivo el informe previo del Ministerio para que la conselleria de Infraestructuras autorice la demolición. "Hemos trabajado conjuntamente Costas y el Ayuntamiento para que la demolición pueda llevarse a cabo", explicó García-Pertusa. "Lo que ocurra en una segunda fase con la licencia de edificación ya no es competencia nuestra, sino de Urbanismo", añadió. Por su parte, la edil socialista Loles Fernández criticó el "progresivo abandono" en el que se ha sumido el edificio "ante la total pasividad del Ayuntamiento, que ha vuelto a ser reconvenido por el Ministerio".
De momento Costas ya ha advertido al Ayuntamiento, pero también tendrá que avisar a la Conselleria de Infraestructuras, que en 2008 rectificó una resolución de su propio departamento de junio de 2006 por la que se denegaba el uso residencial de la parcela. Tras la rectificación, Infraestructuras sí que dio luz verde a 13 viviendas y dos estudios con superficies que oscilan entre 72 y 124 metros cuadrados útiles.
