El alcance de la rama valenciana de la trama Gürtel no se agota, según la Brigada de Blanqueo de capitales de la Policía Judicial, en el fondo de armario del presidente Francisco Camps, del secretario general del PP, Ricardo Costa, del ex vicepresidente Víctor Campos y de Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo. Un informe de casi 90 páginas, elaborado a partir de varias grabaciones e investigación de facturas y contabilidad de Orange Market y otras empresas de la trama presuntamente corrupta sostiene que el PP valenciano fue financiado irregularmente por varias constructoras a través de supuestos encargos que, según la Policía, hacían a Orange Market y que les eran facturados por la franquicia valenciana de la red Correa. La firma de Álvaro Pérez fue desde que nació, al tiempo que Camps llegaba al Palau en julio de 2003, la contratista de cabecera del PP y de la Generalitat. No en balde, el 73% de sus ingresos le llegaron del partido y el Consell. En total, más de 8 millones de euros.
El documento, que lleva por título "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de actos del PP" y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge media docena de transcripciones de grabaciones realizadas por la Policía al propio Correa o al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, entre otros. En ellas se señala a varios altos cargos del PP y la Generalitat, entre ellos el vicepresidente tercero y conseller de Industria, Vicente Rambla, o al propio secretario general del partido, Ricardo Costa. El vicesecretario de organización, David Serra, también aparece en el informe, al igual que el ex director general de RTVV, Pedro García. Este último cesó en su puesto el pasado 28 de agosto. Fue una destitución que se presentó como dimisión. Su marcha precipitada tiene que ver precisamente con su relación con el escándalo Gürtel.
Para el jefe de la trama era de suma importancia que Pedro García estuviera en la dirección general de RTVV. Precisamente García sustituyó a Correa como padrino de una hija de Álvaro Pérez el 7 de febrero, un día después de que Garzón desencadenara la operación de registro de empresas y detenciones de implicados, entre otras la de Correa.
La elección del sustituto en el bautizo no fue casual. La amistad de García con Álvaro Pérez viene de lejos. El empresario organizador de Fitur y de otros eventos de la Generalitat y del PP -a este partido le facturó Orange Market prácticamente 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 por actos y campañas electorales- fue uno de los participantes en la fiesta sorpresa que un selecto grupo de contratistas y amigos le ofreció a García en Marrakech en diciembre de 2007 con motivo del 40 cumpleaños del ex director general de la televisión autonómica. Quien hizo de gancho fue Vicente Cotino, que llevó a García en su jet privado y a ciegas. Este empresario es sobrino del vicepresidente tercero del Consell Juan Cotino y copropietario del Grupo Sedesa, una de las contratistas de la Generalitat que aparecen en el citado informe como presuntas financiadoras del PP. Junto a Sedesa, figuran otras constructoras como Lubasa, la alicantina Enrique Ortiz e Hijos o Facsa, la empresa de Enrique Gimeno.
El informe, que abarca un período comprendido entre 2007 y julio de 2009, aborda la contabilidad de la trama, tanto la oficial como la caja B, y recoge supuestos pagos efectuados al PP valenciano.
Cotino
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por su parte, calificó ayer de "montaje" la supuesta financiación irregular del PP a través de Sedesa, firma de la que dijo no ser accionista, aunque familiares suyos sí lo son. Cotino denunció que hay un "planteamiento de un montaje hecho desde hace tiempo". "Comenzando por el auto del señor Garzón", añadió.
