Entre las grandes constructoras acusadas por la Policía Judicial de financiar al PP a través de la trama Gürtel figura Enrique Ortiz e Hijos, en la actualidad Cívica, una de las señeras del sector del ladrillo en Alicante. Se da la circunstancia de que el actual portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, trabajó en esta empresa antes de su regreso a la política. La relación estrictamente profesional que el síndico del PSPV mantuvo con el promotor del polémico plan Rabassa ha sido uno de los argumentos usados como arma arrojadiza por parte de un PP que ha emprendido una cacería contra Luna por sus embestidas a cuenta del caso Gürtel, donde los socialistas se personaron como acusación popular. La primera firma estampada en esa iniciativa judicial fue la de Luna, al frente de la dirección de un grupo parlamentario.

La decisión del TSJ valenciano de enterrar el informe policial sobre la presunta financiación ilegal de los populares obliga al PSPV, a la Fiscalía o a ambos a tener que querellarse contra las empresas y los altos cargos que aparecen en el documento para que se abra otra causa paralela. Un asunto que, dada la condición de aforados de algunos de los nombres que aparecen que son diputados, sería dirimido en el propio TSJ.

El portavoz socialista ha sido el más interesado en trasladar a Jorge Alarte su interés en querellarse para no dejar ni un centímetro de espacio al PP por el que pueda colar sus ataques.

Luna dijo ayer que el informe policial viene a confirmar que la trama Gürtel "no se circunscribía a los regalos de trajes". Recordó que su partido ha reclamado cuatro veces la ampliación de la investigación, con la toma de declaración a consellers y responsables de la trama y siempre ha sido rechazado. "Parece que empiezan a aflorar determinadas cosas que no van a terminar tan pronto como los responsables del PP creían", zanjó.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, dijo que su grupo lleva tiempo diciendo que los trajes eran "la punta del iceberg", ya que detrás había "una presunta trama de financiación irregular del PP. Todo el mundo lo ve, menos el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa", sentenció.

El secretario general del PP, Ricardo Costa, aseguró que las cuentas del partido "están fiscalizadas" interna y externamente y recordó que el caso Gürtel fue archivado por el TSJ. "Estamos absolutamente tranquilos", aseguró el número dos de los populares valencianos.