La medida propuesta por el presidente de la Audiencia obligaría a modificar el sistema de trabajos de los jueces en la provincia. Por un lado, se liberaría de una gran carga de trabajo a los jueces de instrucción, que son los encargados de juzgar las faltas; pero, por el otro, se elevaría la carga de trabajo de los juzgados de lo Penal, que tendrían que hacerse cargo de estos nuevos hechos.
Por ello, se propone potenciar el sistema de juicios rápidos, así como los sistemas de mediación penal, para buscar acuerdos entre delincuentes y víctimas. El presidente de la Audiencia aprovecha esta propuesta para insistir en la necesidad de crear juzgados con varios magistrados, para evitar que toda la agenda de juicios quede en manos de tan sólo una persona. Magro reclama la aprobación de una Ley de Mediación Penal, tras el programa piloto en el que ha participado un juzgado de Alicante y la oficina de medidas alternativas de la Audiencia y que ha conseguido un 57% de acuerdos.
Por su parte, los juzgados de instrucción se centrarían en su labor instructora, así como en regularizar la situación de los detenidos y prestar labores de apoyo a los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La puesta en práctica de la medida también supondría el crear oficinas de penas alternativas en todas las audiencias españolas, en la misma línea de la que ya está funcionando en Alicante.
