25 de agosto de 2009
25.08.2009
40 Años
TRIBUNALES

La Audiencia pide derogar las faltas por su fracaso ante la pequeña delincuencia

Magro reclama que los hurtos, daños y lesiones pasen a ser delito para evitar la sensación de impunidad que se crea al no acarrear penas de prisión

25.08.2009 | 02:00
Vicente Magro en un acto junto a la portavoz del CGPJ y el fiscal jefe del TSJ

El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha pedido la derogación de las faltas del Código Penal y que éstas pasen a ser consideradas como delito, ante su fracaso en la lucha contra la pequeña delincuencia. Magro aclaró que la medida no persigue endurecer las penas ya que se trata de permitir la aplicación de programas formativos y de reeducación para sus autores. En caso de que reincidan, jueces y fiscales contarían con los medios para poder ingresarlos en prisión. El informe con la propuesta ha sido remitida a los ministerios de Justicia y de Interior para que la evalúen. Se estima que en la provincia de Alicante se cometen una media de entre 50.000 y 60.000 faltas al año.
El presidente de la Audiencia justificó la medida ante la gran alarma social que está causando la impunidad de estos hechos. "Podemos hablar de un tremendo fracaso en la respuesta del sistema penal a los hechos que en la actualidad son considerados como leves, pero que conllevan serios y graves problemas a la convivencia en sociedad", dice el estudio.
Pequeños hurtos, daños, lesiones leves, los grafitis, el abandono de jeringuillas en la vía pública, la desobediencia a los agentes de la autoridad (la vía por la que se está persiguiendo en Alicante a los gorrillas) son algunos de los treinta hechos que están contemplados como falta en el Código Penal. Las penas que se prevén para estas infracciones son el pago de una multa, la localización permanente y, en algunas ocasiones, trabajos en beneficio de la comunidad. Magro no duda en calificar como de "nula eficacia" este sistema de penas. "Lo realmente grave es la reiteración con la que se cometen estos hechos, al saber perfectamente la nula respuesta penal que el Estado impone a sus autores", asevera. En la comisión de trabajo que tienen los jueces y la Policía del año pasado se dio un dato revelador: sólo veinte delincuentes cometían el 90% de los hurtos de la ciudad de Alicante.
La localización permanente no se puede controlar y obliga a una carga de trabajo a una ya de por sí sobrecargada Policía Local, que es quien debe desplazarse al domicilio del condenado para comprobar si está cumpliendo la medida, argumenta Magro. En este sentido, recuerda el fracaso que ya tuvo en su día la pena de arrestos domiciliarios. Los trabajos en beneficio de la comunidad están teniendo muchos problemas por la falta de plazas y de funcionarios para controlar. Por último, las multas prevén la prisión en caso de impago, pero no garantizan que la víctima pueda cobrar la indemnización que le corresponda.
Magro descarta que con esta propuesta se pretenda endurecer las penas. Al tipificar estos hechos como delito, según Magro, cabría la posibilidad de suspender las penas a los condenados y aplicar programas formativos o de reeducación. Mediante estos programas se puede cambiar la conducta futura del autor de los hechos, mediante la advertencia de que ya tiene antecedentes penales y por tanto tendría que ir a prisión si volviera a delinquir. Además se vigila la posición de la víctima, ya que para que se le suspenda la pena al condenado tiene que haber pagado al perjudicado las indemnizaciones.
Hace más de seis años, se aprobó una reforma del Código Penal por la que en los casos de daños y de hurtos, cuando un acusado acumulara cinco de estas faltas se transformaban automáticamente en delito, Sin embargo, esta medida jamás se ha aplicado ante la falta de un registro que permita llevar la contabilidad de todos las faltas por las que ha sido acusado el reo.

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