El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se ha visto obligado a habilitar tres días inhábiles -mañana sábado, el domingo y el lunes, primera jornada laboral de agosto, un mes considerado inhábil para todas las actuaciones judiciales excepto para las declaradas urgentes- dada la división de pareceres existente entre los tres miembros de la Sala que tienen que pronunciarse sobre el archivo o no del proceso por cohecho que se sigue contra el jefe del Consell, Francisco Camps, contra su número dos, Ricardo Costa, contra el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y contra el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret.
La decisión de alargar las deliberaciones ha coincidido en el tiempo con la adoptada por el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del valenciano en la parte de la investigación que afecta a los presuntos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- por entender que existe una conexión entre los hechos que se les atribuyen a los imputados en la Comunidad -la recepción de ropa supuestamente pagada por la red corrupta- y quienes según todos los indicios la abonaban. "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica", argumenta el juez, que entiende que "se trata de los mismos hechos aunque examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que percibe".
Un planteamiento que coincide con el mantenido a lo largo del proceso por la Fiscalía Anticorrupción, cuya petición ha aceptado ahora con este auto el juez de Madrid, y por el PSPV que, como acusación particular, tiene pedida no sólo la inhibición en este punto sino también en lo referente a las adjudicaciones del Consell a la red corrupta y a la supuesta financiación ilegal del partido. Esta solicitud está pendiente de respuesta.
El TSJ de la Comunidad tiene que decidir ahora si acepta o no la competencia para investigar a los cabecillas de la trama cuando, paradójicamente, se encuentra en plena deliberación sobre si archiva o no el proceso contra Camps. Una decisión que, casi con toda seguridad, se conocerá a principios de la próxima semana y que determinará si el máximo órgano judicial de la Comunidad asume o no la investigación procedente del TSJ de Madrid. Aunque contra el archivo del caso cabe recurso ante el Supremo, no parece que tuviera mucha lógica que, de concluir los magistrados que no hay indicios de un presunto delito de cohecho en la actuación de los cuatro imputados en la Comunidad, se inclinaran por investigar a quienes supuestamente pagaron las dádivas.
Mientras tanto, a últimas horas de la mañana de ayer el TSJ de la Comunidad informó de que el plazo para pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por todas las partes contra el auto del magistrado José Flors, en el que el instructor habla de indicios "con un grado de realidad muy probable" de un presunto cohecho en la actuación de los cuatros imputados, finalizaba mañana, 1 de agosto, y que al tratarse de un día inhábil debía prorrogarse hasta el 1 de septiembre. La Sala de lo Civil y de lo Penal argumenta la decisión de habilitar el 1, 2 y 3 de agosto "para no interrumpir la deliberación ya iniciada", aunque este diario ha podido saber que está siendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los tres magistrados que la forman -Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Franscisco Ceres- lo que ha obligado a ampliar el plazo para intentar llegar a un acuerdo y que la decisión que se adopte sea por unanimidad y no cuente, como en estos momentos se apunta como lo más probable, con el voto particular de Ceres, único magistrado de los tres que defiende que el presunto cohecho se dirima en un juicio.
Fuentes judiciales explicaron que la postura del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, y del procesalista Juan Montero, partidarios ambos de dar carpetazo al asunto y evitar al presidente del Consell sentarse en el banquillo para ser juzgado por un jurado popular al entender que de las actuación de los imputados no se desprenden indicios de delito, está chocando con el planteamiento de su colega, José Francisco Ceres, que comparte con Flors la conveniencia de que el asunto se dirima en un juicio. Las mismas fuentes contrapusieron la capacidad de convicción de Montero frente a la juventud de Ceres para intentar aventurar cuál podría ser el resultado que al final adopte la Sala aunque será el Supremo el que, en caso de archivo, tenga la última palabra, otro elemento que tampoco olvidan los magistrados.
