El juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel, José Flors, rechazó ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se imputara a los cabecillas de la presunta trama corrupta -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes"- en el procedimiento abierto por un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su número dos, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret. El ministerio público entendía que en un presuntos caso de cohecho han de enjuiciarse en el mismo proceso a quien recibe los regalos y a quien los hace. Flors no ha entrado en el fondo del asunto para denegar la petición de la acusación pública al entender que no es de su competencia, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde los tres están imputados.
Según comunicó el TSJ, Flors considera, en un auto hecho público ayer, que no es posible realizar "actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos, (el pago de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones llevadas a cabo supuestamente por ellos forman parte en su conjunto del objeto más amplio de un proceso que se tramita en otro órgano jurisdiccional (la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Madrid).
El magistrado recuerda que los tres cabecillas de la supuesta trama fueron imputados por el tribunal madrileño como responsables de "un entramado societario" y por haber obsequiado con dádivas "a algunas autoridades o funcionarios en distintos lugares". Y subraya que la "causa principal instruida en Madrid ha seguido su curso respecto a todos los demás hechos por los que fue abierta", por lo que la investigación en Valencia ha quedado "circunscrita" al delito de cohecho que podrían haber cometido los cuatro cargos públicos valencianos a los que se les imputa haber recibido ropa por un montante total de cerca de 30.000 euros que habría pagado, según el auto del magistrado que aprecia indicios racionales de delito, sociedades del entramado empresarial de Francisco Correa.
Flors indica a la Fiscalía Anticorrupción que para poder acceder a su petición de imputar en Valencia a los presuntos cabecillas de la trama "sería necesario, en primer lugar, que se pidiese y se obtuviese del TSJ de Madrid la inhibición a favor de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de la Comunidad, y después que esta Sala aceptase la competencia y acordase la acumulación de esos hechos a los que se investigan aquí".
El magistrado señala que el escrito presentado por el ministerio público "no es propiamente un recurso", ya que "no denuncia la infracción de una norma", sino que es "una petición que persigue ampliar el objeto del proceso incorporando hechos que la acusación considera imputables" a Correa, Crespo y Pérez.
A la desestimación de las imputaciones de los supuestos líderes de la trama siguió una comparecencia en la sede del TSJ con los representantes legales de los cuatro imputados en Valencia, a quienes el juez permitió acudir en representación de sus clientes evitando así a los cuatro imputados una nueva foto a las puertas del TSJ, donde la expectación ayer era inferior que la despertada el pasado mayo, cuando todos ellos declararon ante Flors.
Una quincena de personas, entre ellas miembros de partidos como Iniciativa y Els Verds -con los ex diputados Pasqual Mollà y Carles Arnal, entre otros-, mostraron frente a la puerta del TSJ una pancarta con el lema en valenciano "No a la corrupción. Camps dimisión", y se colocaron caretas con la cara de Camps adornada con una nariz de Pinocho y orejas de burro y camisetas con el lema en inglés "Se busca. Sólo vivo", que en su día le valió la expulsión del pleno de las Cortes a Mònica Oltra, la portavoz de Compromís, el grupo que comparten en las Cortes los diputados del Bloc e Iniciativa.
En el interior del TSJ, y una vez el resuelta la petición de la Fiscalía, los representates legales de los cuatro imputados solicitaron a Flors la suspensión del procedimiento hasta que se resuelvan los recursos de apelación -Camps plantea en el suyo la nulidad del proceso- contra el auto del magistrado en el que habla de indicios, "con un grado de realidad muy probable", de un delito de cohecho del que podrían ser responsables los cuatro implicados. Esta imputación fue concretada por el magistrado -un trámite que establece la ley del jurado, por la que sería juzgado este caso de llegar a ese punto- en una comparecencia que se prolongó algo más de una hora y en la que ninguno de los abogados de los imputados pidió el sobreseimiento del caso, pese a que la ley establece que puede hacerse. De este modo, queda en manos de la sala que verá los recursos de apelación -compuesta por los magistrados Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y Juan Francisco Ceres- la decisión sobre si continúa el proceso, contra lo que no cabe ya recurso alguno, o si se archiva. Aunque la presentación de los recursos de apelación no paralizan, en principio, el procedimiento, el TSJ informó ayer de que José Flors se pronunciará "en los próximos días" sobre la petición de suspensión planteada ayer.
Más diligencias
El magistrado también tendrá que pronunciarse sobre la petición de nuevas diligencias planteadas por las acusaciones. El represante legal del PSOE -pendiente de que el juez responda al recurso en el que pedía, al igual que la Fiscalía, la imputación de los cabecillas, las declaraciones de todos los consellers que contrataron con Orange Market así como los expedientes de contratación- solicitó ayer que el TSJ de Madrid certifique que dentro de la pieza principal del entramado Gürtel se están investigando las contrataciones de la Generalitat con las empresas de Correa. Asimismo pidió que se aporten documentos que permitan abrir el abanico de la investigación por si los imputados fueran responsables de otros cargos, además del presunto cohecho.
