El último informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Riviera, Santiago Pedraz, revela que se retiraron más de 13,5 millones de euros en efectivo de las cuentas de la empresa entre finales de 2005 y 2008. Los investigadores señalan en el documento, al que ha tenido acceso INFORMACION, que la disposición en metálico de una cantidad tan elevada "sólo se entiende si se persigue un fin fraudulento" y se pretende "dejar el menor rastro posible de su destino final".
La Policía Nacional lleva investigando al Grupo Riviera desde el pasado mes de julio. La empresa se dedicaba a construir y comercializar apartamentos en residencias de estudiantes, prometiendo a los compradores una rentabilidad anual del 6% por el alquiler de los mismos. Sin embargo, en abril del año pasado la promotora alicantina dejó de pagar y en julio muchos de los inversores descubrieron que la empresa no había cancelado las hipotecas que tenía sobre los estudios. En septiembre, el propietario de Riviera, Roch Tabarot, y otros cinco directivos de la firma fueron detenidos cuando estaban a punto de volar a Marruecos.
Los agentes han tardado siete meses en analizar la documentación incautada ese día y los movimientos bancarios de la firma. Además de las fuertes cantidades retiradas en efectivo, la Policía también alerta sobre las transferencias al extranjero. A los siete millones de euros que el propio Tabarot reconoció que se habían enviado a Marruecos para promover allí otro complejo residencial, se suma un millón y medio más que fue transferido a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Luxemburgo o Suiza sin un fin claro.
Asimismo, se señalan las elevadas facturas de las tarjetas de crédito (más de 700.000 euros en el caso de las vinculadas a la cuenta que Riviera posee en el Banco Popular), el cargo de recibos de colegios o las transferencias a familiares de Tabarot y a sociedades vinculadas con el consejero delegado de la empresa, Francisco Fernández. No hay que olvidar que todo este dinero procedía de los pagos realizados por los compradores y de créditos y que, al menos en parte, debieron destinarse a cancelar las hipotecas pendientes -cuyo montante asciende a 17 millones, según la policía-, y a pagar a los proveedores.
En sus conclusiones, la Unidad de Delincuencia Económica también apunta que se hizo una "gestión irracional" del patrimonio de la empresa, que se obligó a los compradores a firmar "contratos abusivos" y confirma que se entregaron avales bancarios falsos (la Policía llegó a encontrar una lista en que se especificaba a qué clientes se les entregaban). Por todo ello, reclama que se prosiga con la investigación. Al respecto, uno de los puntos que quieren aclarar es el uso que se ha realizado de la llamada cuenta de socios, una libreta bancaria en la que Riviera puso a disposición de sus accionistas otros ocho millones de euros en forma de crédito.
Los imputados lo niegan
La letrada del Grupo Riviera, Sonsoles Sánchez, confirmó a este diario que habían recibido el citado informe de la Unidad de Delincuencia Económica y anunció que piensan presentar alegaciones al mismo. "Para nosotros no son más que valoraciones policiales, manifestaciones de parte", señaló y aseguró que demostrarán "que las afirmaciones que se efectúan no son correctas ni ciertas". En su contestación, para la que no puso una fecha, "se aclararán todos los puntos", añadió , sin querer entrar en detalles.
