Cerca de un millar de personas en toda la provincia se concentraron ayer para reclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que deje de boicotear la ley de Dependencia con demoras y trabas legales.
En Alicante, el acto se llevó a cabo frente al Ayuntamiento y reunió a unos trescientos asistentes, convocados por la Plataforma para la defensa de las personas dependientes. Los participantes exigieron el cumplimiento del texto legal "porque beneficia a muchos ciudadanos". Para la concejala socialista y miembro de la plataforma, Laura Soler, a la que también le afecta la inactividad del Gobierno valenciano en este asunto, se trata de un problema político: "Nos quieren hacer invisibles porque como esta ley beneficia a mucha gente si se aplicara se demostraría la efectividad de las políticas de izquierdas".
La redactora del INFORMACION Ángeles Cáceres fue la encargada de leer el manifiesto reivindicativo en el que denunció el desamparo legal en el que se encuentran los dependientes en la Comunidad, mientras "se derrocha el dinero en obras faraónicas". Dos años después de su aprobación por el Gobierno socialista, el Consell continúa sin aplicar esta controvertida ley. En la provincia de Alicante hay más de 25.000 afecados que ya han sido valorados como grandes dependientes, aunque "se les priva de las prestaciones". Otros no sólo no perciben las ayudas sino que siguen a la espera de una valoración. "En algunos casos, las valoraciones llegan después de que el afectado haya fallecido", señaló Cáceres en un momento de su discurso. En similares circunstancias se encuentra el padre de María del Carmen Orgaz. Un hombre de 80 años al que le comunicaron que recibirá su prestación en 2013. "La ayuda se la llevaremos al cementerio", asegura indignada, Orgaz.
El silencio administrativo negativo que contempla la normativa valenciana en los casos de valoraciones fue otra de las quejas que Cáceres tildó de "excepción única". La plataforma también acusó a los políticos de desviar los fondos dirigidos a los afectados hacia residencias de ancianos privadas "donde algún político tiene intereses económicos particulares". Asimismo, se recordó que los dependientes son "ciudadanos libres y completos con unos derechos que les son negados".
La concentración contó también con la presencia de los representantes de los sindicatos de UGT y CC OO, Óscar Llopis y Consuelo Navarro, respectivamente. Al final del acto, los asistentes reclamaron la dimisión tanto del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y de Camps.
Multitud en Elche
La misma reivindicación pudo escucharse en otros puntos de la provincia. La más multitudinaria se produjo en Elche con unos cuatrocientos participantes. La marcha, encabezada por el alcalde ilicitano Alejandro Soler, contó también con la presencia de miembros del equipo local. En Alcoy la respuesta cívica fue, al igual que en Concentaina -donde como en Muro el manifiesto se entregó a los correspondientes ayuntamientos-, de un centenar de personas.
Por su parte, en la localidad de Sax, la concentración sólo superó el medio centenar que concluyó con la entrega del escrito a su alcaldesa y secretaria general del PSPV en Alicante, Ana Barceló, para que lo hiciese llegar al Gobierno valenciano, así como al concejal de Bienestar Social de la vecina población de Salinas.
