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l Ayuntamiento de alicante, mediante decreto del alcalde, ha acatado la resolución firme del Tribunal Supremo y ha ejecutado la sentencia que anula los desalojos de los inquilinos del edificio de la Rambla 29, ahora destinado en parte a Casa de la Festa. Lo sorprendente, sin embargo, es que el decreto no cumple la resolución judicial, ya que no hace ninguna referencia al realojo de los afectados. Un portavoz de los mismos ha advertido al Ayuntamiento que si en 15 días no ordena el realojo exigirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ); la ejecución de la sentencia.

El decreto del alcalde, Luis Díaz Alperi, firmado por el edil delegado de Patrimonio, recuerda que el desahucio de tres viviendas de este edificio, antigua sede del Banco Hispano Americano, y con fachada a la Rambla y a las calles Teniente Álvarez Soto y Bailén, fue anulado por resolución del TSJ mediante sentencia del 11 de abril de 2006, y que adquirió firmeza tras la decisión del Tribunal Supremo, del 21 de junio del pasado año, que no admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento. De los tres desahucios sólo uno está aun pendiente de resolución, ya que de los dos restantes hay sentencia firme condenatoria contra el Ayuntamiento.

Ante esta circunstancia, el alcalde ha dictado dos decretos de ejecución de sentencia, en los que resuelve anular y dejar sin efecto el decreto municipal del 19 de diciembre de 2001 por el que se decidía requerir a los inquilinos del inmueble de la Rambla 29 al "desalojo de la vivienda", y se le concedía un plazo de diez días para ello, con la advertencia de hacerlo "en caso contrario por vía administrativa". En el decreto de ejecución de sentencia también se anula el pago a los inquilinos de la indemnización municipal por el desalojo forzoso, que rondaba los 10.000 euros en uno de los casos.

Lo sorprendente del decreto del alcalde en ejecución de la sentencia es que anula los desalojos pero no pone a disposición de los mismos los pisos de los que fueron desahuciados, ni hace ninguna referencia más al respecto. Hay que tener en cuenta que dichas viviendas permanecen tal como estaban cuando fueron desalojados sus inquilinos, ya que ocupan una parte del inmueble que no se vio afectada por las obras de la casa de la Festa y el museo de Hogueras.

El decreto del alcalde sólo hace dos consideraciones más sobre el asunto, una de ellas encargando a la oficinal municipal presupuestaria que gestione los trámites en relación al pago de las costas, y la otra en la que ordena que se notifique el decreto al inquilino afectado y a distintos organismos municipales.