L os afectados del síndrome Ardystil han decidido presentar una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo contra la Generalitat Valenciana, con el fin de reclamar el pago de los gastos judiciales, según informó ayer su portavoz Amparo Pascual. Esta iniciativa englobaría, exclusivamente, a los afectados de la aerografía Ardystil que ya han cobrado sus indemnizaciones.

Este colectivo de afectados, detalló Pascual, mantuvo una reunión anteanoche en la que se estudió la situación, sobre todo ante la falta de respuestas de la Generalitat Valenciana a los requerimientos de reuniones a alto nivel reclamadas en los últimos tiempos. En este sentido, Pascual indicó que por mediación del portavoz del PP en Cocentaina Joaquín Navarro se ha decidido dar un paso más y solicitar una reunión con el presidente Camps. «Joaquín Navarro nos ofreció su ayuda durante la campaña electoral y la hemos aceptado, por lo que nos gestionará una entrevista con Camps para explicarle la situación».

En concreto, los afectados recuerdan que el 8 de julio de 1993 las Cortes Valencianas aprobaron una resolución por unanidad en la que se acordaba asumir el pago de los costes procesales de los afectados, «una promesa que aún está vigente porque el PP cuando entró en 1995 no cambió nada», agregó Pascual.

Por ello, los afectados, después de estudiarlo con sus abogados, han decidido presentar una demanda judicial por la vía de lo contencioso-administrativo contra la Generalitat Valenciana, exigiendo el pago de los gastos judiciales. «Sólo la intervención de Camps puede pararla», manifestó Pascual.

Hay que recordar, por otro lado, que los 46 afectados que se quedaron sin indemnizaciones -es decir, todos los que no trabajaban en Ardystil- presentaron dos requerimientos ante la Conselleria de Trabajo el pasado 2 de marzo, reclamando el pago de las cantidades que les corresponden y el desembolso de los gastos judiciales de la totalidad del colectivo. Según las informaciones recogidas por este diario, los gastos judiciales ascendieron en conjunto a unos 540.000 euros, de los cuales la mayor parte se corresponde precisamente con los 26 afectados de Ardystil. Si el fallo es negativo, tienen previsto recurrir también a los tribunales.