Los curiosos activos de la promotora en quiebra de Alcoy: un Porsche abandonado en La Castellana, 19 purasangres y un tractor

La segunda jornada del juicio por el que una constructora reclama 52 millones a 10 administradores concursales de la promotora Luxender trata de aclarar la gestión de su patrimonio y su contabilidad

Problemas técnicos obligan a suspender durante varias horas el proceso, denunciando el juez la falta de medios y calificando la situación de "vergonzosa"

Varios de los caballos purasangre en estado de abandono que malvendió Luxender

Varios de los caballos purasangre en estado de abandono que malvendió Luxender / INFORMACIÓN

Un Porsche abandonado en un aparcamiento de La Castellana de Madrid, 19 purasangres o un tractor. Estos eran algunos de los activos que poseía la promotora alcoyana Luxender, que entró en concurso de acreedores en 2008, y cuya gestión se enjuicia este mes en Alicante. Este miércoles se ha celebrado la segunda sesión en el Juzgado de lo Mercantil Número 2 con la declaración de varios de los demandados. Y uno de los temas que recurrentemente están apareciendo son los referentes a la gestión que realizaron los administradores concursales del patrimonio de la promotora, que tenía algunos curiosos activos, como el Mas de Vilaplana, una enorme finca entre Alcoy e Ibi donde había 19 yeguas purasangre que se acabaron malvendiendo. O un deportivo de lujo "olvidado" en La Castellana

La constructora Artemisa, como acreedora, reclama un total de 52 millones de euros a 10 de los administradores concursales -casi todos- que ha tenido la promotora Luxender, por su responsabilidad patrimonial en la gestión, proceso en el que también están demandadas dos compañías de seguros. Artemisa se encargó de iniciar la construcción de 500 viviendas unifamiliares en Serelles, justo a los pies de la Sierra de Mariola. Se trataba de un plan urbanístico impulsado por Luxender que, en posteriores fases, preveía hasta 1.000 casas más, pero solo se levantaron unas cuantas de la primera fase, algunas de ellas inacabadas aún tras la entrada en concurso de la promotora. Y uno de los principales acreedores es Artemisa.

Debido a la gran cantidad de abogados, al haber 12 demandados, la vista tiene lugar en el salón de actos del juzgado. Y ha estado marcada otra vez por los problemas técnicos con la grabación, que se ha interrumpido dos veces. Esto primero ha obligado a suspender una hora el juicio, y después ha llevado a otra suspensión de una hora para cambiar el sistema y asegurarse de que no volviera a fallar. Y es que en la primera jornada ya se produjeron varias interrupciones y el magistrado Gustavo Andrés Martín ha pedido disculpas por estos problemas y ha lamentado la falta de medios del juzgado.

"Apariencia de contabilidad"

Durante la mañana ha declarado Eliseo Quintanilla, que actuaba como auxiliar dentro de la administración concursal, y se ocupaba de la contabilidad. Así, Quintanilla, que es uno de los demandados y accedió al cargo a finales de 2014, ha advertido de la "falta de contabilidad" en Luxender. Ha manifestado que había una "opacidad máxima" de la administración concursal anterior, y que "no existían unas cuentas como tal, solo una apariencia de contabilidad", lo que le llevó a pedir un peritaje de las mismas. También ha relatado una inspección de la Agencia Tributaria y otros aspectos de Luxender.

El juicio de Luxender, durante una de las interrupciones por problemas técnicos en la grabación

El juicio de Luxender, durante una de las interrupciones por problemas técnicos en la grabación / J.A.RICO

Y entre las preguntas que ha respondido figuran las de un Porsche Cayenne negro que los administradores encontraron en un parking de una finca adinerada del paseo de La Castellana. Este se encontraba allí estacionado desde hacía tiempo, en aparente estado de abandono y posiblemente sin batería. Se desconocía dónde estaban las llaves y hacer una copia de las mismas suponía un desembolso de entre 3.000 y 5.000 euros. Lo que pasó con este vehículo no ha trascendido.

Otro tema que ya surgió en la primera sesión es el del Mas de Vilaplana. Una gran finca con 20.000 olivos de Luxender, que no se dedicaba a la explotación agrícola sino a la promoción de viviendas. Y el mantenimiento de esta finca es uno de los elementos por el que han sido preguntados los administradores demandados.

Y es que allí había además 19 yeguas purasangres, cuyo mantenimiento fue un quebradero de cabeza para los administradores, ya que al no considerarse prioritario llevó casi al abandono de los animales, lo que motivó la intervención del Servicio de Protección dela Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras una denuncia del Ayuntamiento de Alcoy. Y eso obligó finalmente a malvenderlos en una subasta pública en 2017, ya que pese a tener una valoración de unos 50.000 euros, se vendieron en un estado lamentable por 4.500 euros, según explicó en la primera sesión otro de los administradores, Desiderio Soler. 

También se ha preguntado por la situación de un tractor que también había en la finca, si estaba en un "leasing", aspecto que Quintanilla ha afirmado desconocer. Y el tema de la seguridad y vigilancia del Mas de Vilaplana también ha protagonizado algunas de las preguntas, apuntando Quintanilla que había una gran cantidad de pozos que suponían un peligro.

Problemas con la grabación

En cuanto a los problemas de grabación que han llevado a suspender ya en varias ocasiones el juicio durante varias horas, el magistrado Gustavo Andrés Martín, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 que está cubriendo además la vacante del número 2, ha mostrado su indignación por esta situación, anunciando que presentará una protesta interna por estos problemas que están dificultando un juicio muy complejo en el que están en juego 52 millones de euros. Ha señalado que es "lamentable" y "vergonzoso" lo que ha ocurrido, ya que además una de las interrupciones ha tenido lugar durante un "duro interrogatorio" por parte de uno de los abogados de los demandados a otro demandado, y ha criticado la "falta de medios" de la justicia en Alicante pese a tratarse de unos juzgados de Marca Comunitaria.