La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, acusó ayer a la empresa gestora de la residencia de Oliver en Alcoy, donde se produjeron 73 fallecimientos, de no comunicar el brote de coronavirus que estaba afectando al centro. Oltra señaló que en este geriátrico se pulverizaron las medias de mortalidad y contagios, y que el tema «no saltó» hasta que ya había seis fallecidos. En este contexto, la dirigente autonómica confía en que la firma acepte llegar a un acuerdo para que la gestión del centro pase a ser pública.
Tal y como avanzó este diario, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cerró el pasado lunes sin acuerdo la primera reunión del plan para revertir la gestión de las residencias de mayores tras los fallecimientos en la pandemia del coronavirus. Fue un encuentro en el que la protagonista fue la residencia de Oliver en Alcoy, centro considerado prioritario por la Generalitat debido las 73 muertes registradas. A la cita acudieron la vicepresidenta Mónica Oltra, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, y la consejera delegada de Domus Vi, Josefina Fernández, la empresa que gestiona este geriátrico.
Un día después, la propia Mónica Oltra, en el contexto de un acto celebrado en la Diputación de Alicante, se refería a este asunto señalando que técnicos de su departamento, junto con los de la Conselleria de Sanidad, mantienen abierta una investigación para determinar qué ocurrió en la residencia de Oliver de Alcoy. Oltra recordó que en este centro «se han pulverizado todas las medias, con una mortalidad y un índice de contagios totalmente desquiciado de la media. Han muerto mas de la mitad de los residentes y se han contagiado prácticamente la totalidad».
En este sentido, la vicepresicenta señaló que hay informes «muy preocupantes» y explicó que la empresa «no comunicó a la Conselleria de Sanidad ni a la de Igualdad que estaban teniendo un brote». Según Oltra este tema «no saltó hasta que ya había seis muertos».
En el transcurso de la reunión del lunes, según la vicepresidenta, el Ayuntamiento y la Generalitat expresaron su intención «y ahora la empresa debe madurar hasta qué punto es bueno llegar a un acuerdo en el que todo el mundo salga más o menos satisfecho». La vía del litigio «está ahí», señaló Oltra. A esta reunión, como queda dicho, también asistió el alcalde de Alcoy, «que trasladó la poca destreza de la gestión de lo humano que se tuvo y empatía con las familias».
Según Oltra, el año 2001, con el conseller Blasco, hubo una concesión de 45 años del inmueble a la empresa «sin canon a cambio, simplemente se comprometían a hacer una obra de reforma». En este sentido añadió que «45 años son once legisladuras y dos generaciones sin contrapartidas», valoró la vicepresidenta.
Test para los trabajadores y los ediles del Ayuntamiento de Cocentaina
El gobierno local ha tomado la decisión tras acusar al agente de la policía local contagiado de ocultar información
El gobierno municipal de Cocentaina ha decidido que todos los trabajadores del Ayuntamiento y los concejales de la corporación pasen el test serológico para la detección del coronavirus. La medida se ha adoptado tras acusar al agente de policía local infectado de ocultar información.
El ejecutivo, a través de un comunicado, señala que por medio del informe del laboratorio privado al que acudió el contagiado ha podido saber que la prueba de coronavirus se la hizo el martes 28 de julio «y no informó a ningún responsable de la entidad local hasta el jueves 30 y viernes 31 de julio, finalmente, cuando comunicó que el resultado era positivo».
Este hecho, añaden, evidencia que «el agente ocultó información a los responsables y que no cumplió con el protocolo municipal por el cual tendría que haber comunicado al técnico de personal y a su concejal que no se encontraba bien y que iba a hacerse las pruebas. Cosa que no sucedió hasta el jueves cuando el edil de Policía le llamó preocupado por la falta de policía en el mercado, momento en que el agente le comunicó que no estaba en su lugar de trabajo por no encontrarse bien».
Para los gestores municipales, este hecho «ha puesto en riesgo la salud de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Cocentaina, especialmente de sus compañeros, y tendrá que tener consecuencias por haber acultado información de vital importancia». Desde su sindicato, el CSIF, recuerda el ejecutivo local, criticaban que el agente se tuvo que pagar la prueba, «hecho que ocurrió tras negarse a acudir al centro de salud como han hecho otros trabajadores del Ayuntamiento sin tener que pagar absolutamente nada».
Ante esta nueva información, la alcaldesa y el concejal de Policía y Personal han decidido que todos los trabajadores municipales y los concejales pasen el test serológico, pruebas éstas que serán costeadas por el Ayuntamiento.
