La Conselleria de Justicia y la dirección general del Sector Público y Patrimonio hicieron efectiva ayer, con la firma de las escrituras ante notario, la compra del Palacio de Justicia de Ibi por un valor de 2.052.441 euros. Con este trámite se da por cerrado un conflicto que se remonta a 14 años atrás, cuando el anterior gobierno autonómico firmó un convenio por medio del cual debía cubrir la inversión realizada por el Ayuntamiento en las dependencias judiciales, algo que posteriormente incumplió.
Con este trámite, mediante el que se formaliza la compra, la Generalitat ha cumplido con las obligaciones derivadas de la propuesta de adenda de 2012, de conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El precio de la compraventa asciende a 2.052.441 euros, y según se informa desde el Consell, ha sido abonado con las cantidades pagadas durante el período de arrendamiento comprendido entre 2012 y 2020. La última cuota correspondiente al ejercicio actual se liquidará por un importe de 577.370 euros.
La Conselleria de Justicia, destacan las mismas fuentes, ha cerrado así un conflicto que se remonta a 2006. Gracias al pago riguroso de las anualidades se ha permitido formalizar la adquisición directa de la sede judicial sin ningún otro contratiempo y como estaba estipulado en el convenio formalizado hace 14 años.
Además, permite al gobierno valenciano pasar a ser propietario del Palacio de Justicia, un edificio capaz de responder a las necesidades del municipio de Ibi.
Los antecedentes, como queda dicho, se remontan a julio de 2006. La Generalitat y el Ayuntamiento de Ibi suscribieron en ese momento un convenio de colaboración en virtud del cual el municipio corrió con los gastos de construcción del Palacio de Justicia. Una vez puesto el inmueble a disposición de la Conselleria de Justicua, una adenda fijó la contraprestación correspondiente.
El edificio fue entregado en 2009, pero el entonces gobierno de la Generalitat incumplió su parte del acuerdo, no firmó el documento pendiente y rechazó pagar cantidad alguna por el uso del inmueble. En 2012, el entonces director general de Justicia remitió al Ayuntamiento de Ibi una propuesta de arrendamiento con opción de compra que fue aceptada por la corporación municipal. Sin embargo, la Conselleria tampoco cumplió y siguió sin abonar cantidad alguna por el uso del edificio.
El TSJ condenó a la conselleria a cumplir aquella propuesta de arrendamiento con opción a compra y abonar la inversión al Consistorio. El actual Consell reactivó en 2016 el expediente de opción a compra del Palacio de Justicia, derivado del convenio formalizado en julio de 2006 para llevar a cabo esta adquisición que ahora se hace realidad.
El alcalde pide el mismo sistema para el geriátrico
El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, señaló ayer estar a la espera de la notificación oficial de la compra del Palacio de Justicia, toda vez que no había sido aún comunicada. Con todo, se mostró satisfecho de que se haya podido solucionar un conflicto que se remonta a hace 14 años, y que las arcas municipales recuperen su inversión. Serralta, asimismo, reclama que este mismo tipo de convenio, por medio del cual el Ayuntamiento adelanta el dinero, se pueda repetir en la construcción de la residencia de mayores. «Es una propuesta que hemos puesto encima de la mesa, pero de momento no tenemos respuesta».
