La portavoz de Guanyar en Alcoy, Sandra Obiol, ha manifestado que en estos momentos «hay pocas dudas de la pésima gestión realizada por DomusVi de la crisis generada por la Covid-19» en el geriátrico de Oliver, por lo que ha solicitado «una comisión donde, por descontado, se pueda dar voz a los familiares afectados, pero también a los trabajadores, a la misma empresa o a los servicios médicos que intervinieron». Según ha insistido la edil de la plataforma ciudadana, «se trata de un instrumento que los ayuntamientos pueden utilizar para estudiar en profundidad una cuestión específica importante. Y nosotros creemos que el pueblo de Alcoy ha de saber qué ha pasado».

En este sentido, Obiol ha recalcado que «por descontado, ni somos jueces, ni queremos serlo, pero sí queremos que en la casa del pueblo se puedan debatir cuestiones que afectan al pueblo, y que por una vez no seamos los concejales los que hablemos y hablemos, sino que escuchemos a las personas directamente afectadas. Es una muestra de respeto hacia las personas que han sufrido la situación más dramática que ha vivido la ciudad en muchos años».

Con todo, la portavoz de la plataforma ha recordado que el modelo de adjudicación «ideado por Rafael Blasco, que el TSJ anuló en 2016, dejó el centro de Oliver en manos de una UTE (SACOVA) formada por OHL y la Asociación de Servicios Aser», que en 2015 esta empresa «pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales por 46'7 millones de euros y en 2017 al grupo francés Casa Vita SAS». Obiol ha explicado que «para que nos hagamos una idea del negocio, la empresa ganó 3'3 millones de euros en 2017 y facturó 29'7. Y ahora, además, se ha sabido que desvía al paraíso fiscal de Jersey parte de las ganancias que consigue de la gestión de sus residencias en todo el Estado español».