El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, de Cs, declaró ayer por espacio de una hora en el Juzgado de Ibi por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia que un agente de la Policía Local le interpuso en el verano de 2019.
El primer edil compareció con su abogado, después de que lo hiciera el denunciante, y respondió a todas las preguntas que le formuló la jueza. En su declaración Bernabeu insistió en que la decisión de eximir a dos vecinos del pago de las tasas de la grúa y del depósito municipal de vehículos respondió, en ambos casos, a razones de «eficiencia administrativa» al considerar que a los sancionados no les correspondía efectuar tales pagos a las arcas municipales por ser «injusto».
«Mi misión como alcalde es ayudar a los vecinos, siempre dentro de la ley, y evitar que el Ayuntamiento sufra perjuicios al ser denunciado por actuar incorrectamente tal y como podría haber ocurrido», explicó ayer.
Los hechos por los que fue denunciado se remontan al 13 de junio de 2019, cuando una patrulla de la Policía Local de Castalla sancionó al conductor del camión de un almacén de construcción de la localidad por circular sin seguro ni ITV. El vehículo fue trasladado al depósito municipal y al día siguiente el sancionado presentó la póliza ya contratada y una citación para pasar la ITV. Pero no consiguió recuperar el vehículo a pesar de que lo necesitaba para trabajar. Fue a finales de agosto cuando se dirigió al alcalde para pedirle que interviniera. Entonces ya había pagado la multa pero no los 700 euros que le reclamaban por las tasas municipales al permanecer el camión tres meses en el recinto policial. El primer edil consultó el asunto con el entonces responsable de la Policía Local y, tras obtener luz verde por su parte, optó por permitir que recuperase el vehículo eximiéndole de abonar los 700 euros de la tasa. Aún así todavía tuvo que esperar hasta el 19 de septiembre para llevarse el camión. «Entiendo que no se ajustaba a una razón de eficiencia administrativa ni era justo que, por una causa achacable al propio Ayuntamiento, tuviera que pagar la tasa cuando había hecho frente a la multa y disponía de seguro y de citación para pasar la ITV tan solo un día después de que el vehículo fuera confinado en el depósito», subrayó Antonio Bernabeu. Sin embargo no lo entendió así el agente, por lo que decidió denunciarlo aportando a la causa un segundo caso ocurrido en el mismo verano de 2019. En esa ocasión el coche que acabó en el depósito tras el arrastre de la grúa de la Policía fue el que utiliza la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Despertar. El turismo se encontraba estacionado en una zona de la vía pública donde habitualmente se puede aparcar. Pero coincidió el día del mercadillo con la necesidad de ampliar la zona de puestos por estar ocupada la calle con un contenedor de recogida de escombros de una vivienda en reforma. «Fue una situación completamente excepcional y, tras consultarlo de nuevo, opté por eximir a la asociación del pago de los 30 euros de la tasa municipal», puntualizó por último Bernabeu.
Ahora es la juez de Ibi la que, una vez analizadas las declaraciones del policía y del alcalde de Castalla, deberá decidir si sigue adelante con el caso o lo archiva.
