El Ayuntamiento de Alcoy exigirá a la Conselleria de Políticas Inclusivas la apertura de una investigación sobre los fallecimientos registrados en el geriátrico de Oliver, así como que la gestión del mismo pase a ser pública. Así se aprobó ayer en el transcurso de un pleno telemático, sesión en la que el alcalde, Toni Francés, destacó que el 70% de las 111 muertes registradas en el departamento comarcal de salud corresponden tanto a esta residencia -los familiares hablan de cerca de 70- y a la de Onil. Los grupos políticos, asimismo, aprobaron por unanimidad solicitar a Sanidad información detallada sobre la incidencia del virus en la ciudad.
La corporación municipal alcoyana celebró ayer un pleno al que sólo asistieron de forma presencial el alcalde y los portavoces de los diferentes grupos políticos. El resto de concejales siguieron la sesión de forma telemática, apareciendo sus rostros en una pantalla colocada a tal efecto en el propio salón de plenos.
«Políticas Inclusivas debe ver si se cumplen los ratios de atención» | TONI FRANCÉS, PSOE
La crisis del coronavirus ocupó buena parte del tiempo, a raíz de distintas mociones planteadas por los grupos políticos. La presentada por el PP salió adelante por unanimidad y como declaración institucional. En la misma se reclama a la Conselleria de Sanidad información detallada sobre las cifras de enfermos y fallecidos en Alcoy, atendiendo a que el departamento al que pertenece la ciudad es el que presenta la mayor tasa de muertos de la provincia y la segunda de la Comunidad. Según dijo el portavoz popular, Quique Ruiz, «la información es de vital importancia para conocer la evolución de la pandemia y adoptar las medidas necesarias para combatirla».
«La información es vital para adoptar las medidas necesarias contra la pandemia» | QUIQUE RUIZ, PP
También salió adelante, aunque en este caso sólo con los votos favorables del PSOE, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos y Vox y la oposición del PP, una moción de Guanyar para reclamar que la gestión del geriátrico de Oliver, gestionado por la empresa Domus Vi, pase a manos públicas. De igual forma, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar una investigación sobre lo sucedido en este centro, en el que según los familiares ya se han registrado cerca de 70 muertes. Fiscalía, como informó este diario, ya tiene la suya en marcha, aunque también se solicitará que la Conselleria de Políticas inclusivas haga averiguaciones al respecto.
«Los pilares básicos del bienestar social tienen que ser públicos» | MÀRIUS IVORRA, COMPROMÍS
El socialista Toni Francés, lamentó que el 70% de los 111 fallecimientos del departamento comarcal de salud corresponda a las residencias de Oliver en Alcoy y, en menor medida, a la de Onil. «Si no se llegan a producir estos lamentables brotes, estaríamos en unos niveles muy alejados a los que se han dado», afirmó.
«Nos falta información para penalizar la concesión a la empresa» | ROSA GARCÍA, CIUDADANOS
Con todo, confía en que estas tasas elevadas no incidan en el proceso de desescalada, si finalmente éste se lleva a cabo por departamentos de salud. Según sus palabras, «lo que se va a tener en cuenta es la capacidad de atender enfermos, y en estos momentos en Alcoy ha bajado mucho la presión asistencial. De hecho, hace tres días que no se registran ingresos ni fallecimientos».
«No se puede hacer negocio con la vida de las personas» | CRISTIAN SANTIAGO, PODEMOS
Respecto a la residencia, Francés señala que «ya sabemos que la Fiscalía está actuando, pero también lo debe hacer la Conselleria de Políticas Inclusivas, para saber si se cumplen los ratios de atención adecuados». De igual forma, apoya que la gestión sea pública en todos los centros cuyas infraestructuras también lo son. «Hablamos de un edificio que fue donado por Agustín Oliver al pueblo de Alcoy», observó.
«No resultaría aceptable que la misma empresa recobrara la gestión» | SANDRA OBIOL, GUANYAR
Por parte del PP, Quique Ruiz justificó que no apoyaran este último punto sobre la base de que no se puede «sentenciar» la gestión privada antes de contar con los resultados de las diferentes investigaciones que se lleve a cabo.
Màrius Ivorra, de Compromís, subrayó por su parte que «siempre hemos sostenido que los pilares básicos del bienestar social tienen que ser públicos», mientras que Rosa García, de Ciudadanos, se posicionó cerca del PP al considerar que «falta información» para penalizar la concesión a una empresa.
«No tiene que ver lo que ha pasado con que el centro sea público o privado» | DAVID ABAD, VOX
Desde Podemos, Cristian Santiago se mostró rotundo al señalar que «no se puede hacer negocio con la vida de las personas, y mucho menos con la de los mayores», al tiempo que Sandra Obiol subrayaba que «aparte del resultado de los investigaciones, de ninguna manera resultaría aceptable que una vez superado el estado de alarma la misma empresa recobrara la gestión del centro», en referencia a que en la actualidad es la Conselleria de Sanidad la que ha asumido el control para combatir el brote.
David Abad, de Vox, señaló que la dicotomía entre gestión pública y privada «no tiene que ver con lo que ha pasado». Sí que se mostró conforme con la exigencia de información a la Conselleria.
Medidas de apoyo a la industria de los Moros y Cristianos
El pleno del Ayuntamiento de Alcoy acogió de forma favorable una propuesta de Ciudadanos para apoyar a la industria festera en esta crisis del coronavirus. Según destacó la portavoz naranja, Rosa García, «las medidas se estudiarán una vez exista certeza sobre el alcance de los aplazamientos y suspensiones de las fiestas patronales». También se aprobó otra propuesta de la misma formación para realizar un estudio sobre el impacto socioeconómico que tendrá el Covid-19 en la ciudad.
