La Generalitat ha recepcionado el centro de enfermos mentales de Alcoy con el objetivo de proceder a su apertura con diez años de retraso. Las continuas dilaciones como consecuencia de los impagos, las complicadas tramitaciones y la reparación de desperfectos por actos vandálicos han ido dilatando la puesta en marcha de un servicio largamente demandado en la comarca. Precisamente ayer, familiares de potenciales usuarios protagonizaron una concentración para mostrar su indignación por el tiempo transcurrido y exigir la máxima celeridad en la apertura de las instalaciones.

Fue en 2010 cuando la por aquel entonces consellera Ángela Such puso la primera piedra del centro de enfermos mentales del Barranquet, una infraestructura con capacidad para 40 residentes, más 20 plazas de centro de día, que tendría que haber estado terminada en nueve meses.

Nada más lejos de la realidad, toda vez que los impagos de la Generalitat a la empresa constructora provocaron la paralización de las obras en diversas ocasiones y fueron dilatando los plazos. El edificio, finalmente, quedó concluido, pero el retraso en la recepción de las obras por una serie de diferencias surgidas entre el Ayuntamiento y la empresa constructora provocó el deterioro de las instalaciones, en parte por los actos vandálicos. Eso obligó al propio consistorio a realizar una serie de reparaciones, así como unas mejoras exigidas por la propia Generalitat.

Y todo ello en medio de la desesperación de los familiares de las personas que tienen que usar esta infraestructura. Ayer algunos de ellos salieron a la calle convocados por la asociación Espai NO+Precarietat, en una concentración que se celebró en la calle Santa Rosa, enfrente del centro.

Jaime Brotons, portavoz de esta entidad, destacaba que «el centro acumula un retraso de diez años y no se abre por un cúmulo de despropósitos, como son la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Alcoy y de la Generalitat, que no han parado de echarse las culpas mutuamente. Mientras tanto, los posibles beneficiarios y sus familias están esperando eternamente una solución a sus necesidades y demandas».

Mari Carmen Prats, coordinadora del Projecte Somriures, que aglutina a familiares de jóvenes con diversidad funcional, señalaba precisamente que «nosotros venimos reivindicando desde hace mucho recursos para los jóvenes cuando terminan su etapa escolar, y este centro podría ser una solución para las familias, ya que se podrían desarrollar en el mismo terapias y programas diversos. Lo que no tiene sentido es que, estando terminado, continúe sin entrar en servicio».

Carmen Torrejón, madre de un gran dependiente, lamentaba que los enfermos «tengan que ir a otras poblaciones porque este centro está cerrado», mientras que otra madre, Alicia Cortés, subrayaba que las instalaciones «son un recurso que se podría aprovechar».

José Luis Lefler, con dos hijos con esquizofrenia, destacaba que «con base en los datos de la OMS, en esta comarca hay 1.400 personas con enfermedades mentales, por lo que el servicio, que ya nace pequeño, es imprescindible».

A la cita asistieron representantes municipales del PP, Compromís, Guanyar y Podemos.

En medio de esta polémica, la concejala de Políticas Inclusivas, Aranza de Gracia, informaba que la Generalitat ya ha recepcionado las obras, «y estamos a la espera de que proceda a instalar el equipamiento para su puesta en funcionamiento. Comprendemos el malestar de la gente, pero el Ayuntamiento ya ha cumplido y la pelota está ahora en el tejado de la Conselleria, que esperamos que se ponga las pilas».