07 de febrero de 2020
07.02.2020
Alcoy

La Generalitat se queda con el edificio de los juzgados de Alcoy a cambio de tres inmuebles

La permuta que hoy aprueba el Consell pone fin a más de 15 años de conflicto por la construcción del Palacio de Justicia

06.02.2020 | 21:54

El Ayuntamiento verá compensada la inversión que hizo con la titularidad de las oficinas de la calle Mayor, el centro social y una escuela.

El pleno del Consell aprobará hoy la permuta del Palacio de Justicia de Alcoy por tres edificios de la Generalitat Valenciana, un acuerdo con el que se pretende poner final a un problema que llevaba enquistado desde hace más de quince años y que la administración autonómica se había comprometido a solucionar desde hace cuatro. El Ayuntamiento ya aprobó la permuta en un pleno celebrado el pasado enero con los únicos votos del grupo socialista y ahora es la Generalitat la que respalda el acuerdo. El valor se los inmuebles permutados supera los 3,5 millones de euros.

El Ayuntamiento se quedará con la titularidad de las oficinas de la calle Mayor, así como con el centro social y la escuela infantil de la Zona Norte, en una operación destinada a compensar la inversión realizada en su momento en los nuevos juzgados ubicados en la plaza de la Mare de Déu. Se trata de edificios que ya estaba usando el Ayuntamiento alcoyano pero cuya titularidad era de la administración autonómica, situación que se regularizará con este acuerdo.

Tal y como se ha venido informando, fue el anterior gobierno local del PP, con Jorge Sedano a la cabeza, el que acordó con el también exalcalde y entonces conseller de Justicia, Miguel Peralta, financiar a cargo de las arcas municipales un nuevo Palacio de Justicia ante el estado de precariedad del situado en la plaza Al-Azraq. Un acuerdo que se alcanzó verbalmente en el año 2004 pero para el que no había ningún compromiso por escrito.

El Ayuntamiento alcoyano reformó por completo el antiguo edificio de la Escola d'Art, ubicado en la plaza de la Mare de Déu, que posteriormente tuvo que ser además ampliado ante la falta de espacio. Y todo ello entre las críticas de la oposición, que consideraba que era la Conselleria la que tenía que asumir tal inversión al ser de su competencia. El final de las obras coincidió con el estallido de la crisis y la llegada de los recortes, con lo que el Consell no quería asumir la inversión realizada por el Consistorio, manteniendo los juzgados en un edificio insalubre, mientras el de nueva construcción estaba vacío y abandonado.

Tras hacerse cargo Gabriela Bravo de la Conselleria de Justicia, se comprometió a buscar soluciones al problema, después de que las anteriores administraciones de desentendieran del problema. En el año 2016 se firmó un convenio con el Ayuntamiento por el que el Ayuntamiento cedía a la Generalitat el uso del nuevo edificio judicial, y Justicia se comprometía a adecentar las instalaciones, tras años de abandono a cambio de ocupar el edificio de manera gratuita durante un año. En aquel convenio, el Consell se comprometía al pago de 32.000 euros anuales por el uso durante los tres años siguientes. El 13 de marzo de 2017 el edificio empezó a funcionar a pleno rendimiento.

El inmueble de la Escuela Infantil de la Zona Norte está tasado en 1.066.690 euros; el Centro Social, en 1.942.620; y el edificio de oficinas en la calle Pintor Casanova en 578.522 euros. Por su parte, la tasación del actual Palacio de Justicia es de 3.587.834 euros. Con estos tres inmuebles y el pago de otros 56.131 euros, la Generalitat quiere resarcir al Ayuntamiento alcoyano por la inversión que tuvo que realizar en su día.

Fuentes de la Generalitat valoraron que con este acuerdo se pone fin a quince años de irregularidades cometidas por anteriores administraciones y permite contar con la propiedad de un edificio moderno capaz de responder a las necesidades de judiciales de la comarca.

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