El Partido Popular alerta de la "falta de control" del Ayuntamiento de Alcoy sobre el servicio de recogida de residuos urbanos y la limpieza de calle. Más de un año y medio después de la entrada en vigor del nuevo contrato, el Gobierno de Antonio Francés, según los populares, no dispone de un sistema de auditorías que permita controlar el servicio. Esta falta de control, añaden, obligará a abonar los 170.588 euros que, según el contrato, dependen de una serie de indicadores de calidad a determinar a través de auditorías de las que el Ayuntamiento no dispone.
El portavoz del PP, Quique Ruiz, critica que el gobierno del PSOE incumpla el contrato y mantenga sin control el principal servicio municipal, adjudicado en mayo de 2018 a Fomento de Construcciones y Contratas por 4,2 millones de euros anuales. Ruiz recalca que los sistemas de control eran una de las principales novedades del nuevo contrato y uno de los requisitos exigidos por el Partido Popular. “Hemos constatado que el control es mínimo, sin una auditoría externa, con medios propios y sin la periodicidad que marca el contrato”, lamenta el edil.
El contrato exige que el Ayuntamiento encargue periódicamente auditorías para “identificar y analizar las desviaciones en la prestación del servicio”. De esos análisis depende el pago del 4% del coste del contrato, lo que en cifras reales representa 170.588 euros.
En 2019 el Ayuntamiento solo ha encargado una única auditoría, correspondiente al segundo trimestre. “Ha pasado un año y medio desde que entró en vigor el nuevo contrato y el Gobierno del PSOE no ha sido capaz de concursar un servicio de auditorías”, explica Ruiz. “Por la mala gestión del Gobierno vamos a pagar 170.588 euros correspondientes a 2019 sin saber si la empresa ha cumplido o no los indicadores. Y veremos cuándo empieza el control en 2020. Es una irresponsabilidad más de un Gobierno que no gobierna”, señala Ruiz.
El portavoz del PP reprocha al Gobierno que “engañe abiertamente a los alcoyanos sacando pecho de la única auditoría que ha realizado y de imponer sanciones al contratista cuando en realidad incumple sus responsabilidades y acaba pagando sin control 170.588 euros por la falta de auditorías sobre el servicio”.
