El Ayuntamiento de Alcoy ha cerrado el acuerdo que, a través de una permuta, tiene como aspiración compensar la inversión realizada en su momento para la habilitación del nuevo Palacio de Justicia. Se trata de un entente poco satisfactorio que no ha conseguido el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición, pero que tiene su origen en un pacto ruinoso que llevó a las arcas municipales a asumir competencias de la Generalitat.
El acuerdo alcanzado por el gobierno municipal socialista contempla la permuta del Palacio de Justicia por tres edificios propiedad de la Generalitat. Concretamente las oficinas de la calle Mayor, además del centro social y la escuela infantil de la Zona Norte. Esta operación, según defiende el ejecutivo, permitirá recuperar los 3.643.966 euros en que se ha valorado la inversión realizada en las dependencias judiciales y el precio del suelo.
La propuesta, con todo, ha salido adelante con los únicos votos favorables del PSOE, toda vez que el resto de formaciones políticas o bien se han pronunciado en contra o bien se han abstenido, argumentando que los tres inmuebles que se van a obtener a cambio ya tienen un uso municipal.
Se trata, por tanto, de un acuerdo poco satisfactorio, teniendo en cuenta que la aspiración inicial era la de obtener una compensación económica. De ahí que se pueda poner en duda, como se ha alegado desde la oposición, la capacidad negociadora del ejecutivo local ante una Generalitat que ahora mismo es de su mismo color político.
Pero para entender mejor todo este galimatías hay que remontarse a hace 13 años, poco tiempo después de que el que había sido elegido alcalde de Alcoy por las filas del PP, Miguel Peralta, traspasase el cargo a Jorge Sedano para marcharse a València y convertirse en flamante conseller de Justicia. Acuciados por la precaria situación que presentaba el antiguo Palacio de Justicia de la plaza Al-Azraq, con amenazas incluso de fuga por parte de la Fiscalía, ambos dirigentes llegaron a la conclusión de que había que habilitar unas nuevas dependencias y que de forma sorprendente tenía que ser la administración más pobre, concretamente el Ayuntamiento, la que debía asumir la inversión.
Es decir, las arcas municipales tenían que hacerse cargo de una competencia que no era suya, en lo que suponía un claro caso de agravio comparativo respecto a otros municipios de la Comunidad Valenciana con dependencias judiciales financiadas por la Generalitat. Del mismo modo, sorprendió la fragilidad del acuerdo, cuando no la negligencia, toda vez que no se firmó ningún tipo de convenio que garantizase al Ayuntamiento la recuperación de esta inversión, como por ejemplo sí que hizo el consistorio de Ibi en idénticas circunstancias.
Después, además, llegó la falta de previsión en cuestiones tan elementales como el espacio. Y es que cuando ya se habían abordado las obras de rehabilitación del edificio de la Mare de Déu elegido para acoger el nuevo de Palacio de Justicia, se puso en evidencia que no cabían los cuatro juzgados alcoyanos y que había que construir un anexo, lo cual disparó los costes.
En resumen, un monumento a la «buena» gestión, de la que sorprendentemente ha querido ahora desmarcarse el PP renegando de sus exalcaldes Peralta y Sedano, bajo el argumento de que ya no pertenecen al partido. Cierto es que ninguno de los integrantes del actual grupo municipal formaba parte en ese momento de la corporación municipal, pero entre los populares sigue habiendo actualmente militantes e incluso cargos con responsabilidades que en aquel entonces no levantaron en ningún momento la voz para criticar el pacto ruinoso para habilitar el Palacio de Justicia.
Se trata, por tanto, de una huida hacia adelante cogida con pinzas, y que quizá obligaba a ser más discretos en las críticas hacia el gobierno municipal, al que se ha llegado a acusar de complicidad con Peralta y Sedano.
La única realidad es que lo que mal empieza, mal acaba, y que si bien es verdad que el acuerdo final alcanzado con la Generalitat no es satisfactorio, también es cierto que de aquellos polvos estos lodos.
