Cinco de los inmuebles del casco antiguo de Alcoy que forman parte del listado de 22 confeccionado por el Ayuntamiento para derribarlos y combatir a los okupas ya han pasado a la historia. Los inmuebles, todos ellos en ruinas y situados en las calles Casablanca, Sant Francesc y Sant Mateu, han caído bajo la acción de la piqueta dentro de un proceso que se va a seguir desarrollando a medida que se completen los trámites oportunos. Paralelamente, vecinos, gobierno municipal y Policía han decidido mantener reuniones y colaborar para afrontar el problema.
El Ayuntamiento, como avanzó este diario, estaba tramitando el derribo de 22 edificios del casco antiguo en estado de ruina con el objetivo de prevenir riesgos y combatir al mismo tiempo el problema de los okupas denunciado por los vecinos. El objetivo que se perseguía con los expedientes abiertos era que los propietarios se hiciesen cargo directamente de las obras de demolición, o bien que el propio consistorio actuara de forma subsidiaria.
Pues bien, el plan ya se ha puesto en marcha, siendo cinco los inmuebles que han sucumbido. Uno de ellos se encontraba situado en la calle Casablanca, justo donde se produjeron las quejas vecinales, mientras que los otros cuatro, dos en cada calle, estaban ubicados en Sant Francesc y Sant Mauro. Los trabajos se han venido desarrollando estos últimos días y prácticamente ya se encuentran concluidos. Se trata en todos los casos de inmuebles en ruinas, justo los más susceptibles de ser ocupados al encontrarse deshabitados.
La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, destaca que el proceso de demoliciones seguirá adelante conforme se vayan resolviendo los expedientes, no exentos de complicaciones por el hecho de que se tiene que localizar a los propietarios e instarlos a acometer el derribo, lo que no siempre sucede. En caso de resistencia, se está procediendo a la imposición de multas coercitivas, que en lo que se lleva de 2019 suman 5.000 euros. El Ayuntamiento solo puede actuar de forma subsidiaria cuando la declaración pasa a ser de ruina inminente.
Según Zamorano, dichos expedientes pueden llegar a durar entre tres y cuatro años, teniendo en cuenta que hay que localizar a los dueños, resolver recursos e imponer multas, además de obligar a los propietarios a presentar proyectos de nueva construcción en el caso de que sus casas se encuentren situadas dentro del área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Paralelamente, vecinos, gobierno municipal y responsables de las policías local y nacional han mantenido una primera toma de contacto con el objetivo de colaborar para combatir los okupas y los problemas de seguridad que en algunos casos conllevan.
El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha señalado que en la reunión los vecinos entregaron un listado de casas susceptibles de estar ocupadas de forma ilegal, las cuáles van a ser objeto de seguimiento para confirmar este extremo y actuar en consecuencia. También de los puntos en que se pueden estar vendiendo drogas, con la misma finalidad.
Llopis, que ha destacado que esta primera reunión se ha centrado básicamente en la calle Casablanca, ha destacado asimismo que en el encuentro se les transmitió a los vecinos la necesidad de denunciar estos hechos ante la Policía, «porque en la mayoría de las ocasiones no se hace». También insistió en la escasez de competencias de los ayuntamientos para afrontar estos problemas, «aunque vamos a hacer lo posible por colaborar».
El presidente de los vecinos del centro, Juanjo Nebot, ha agradecido este primer contacto, mostrando su confianza «en que sirva para avanzar en la solución».
