La Sección Sindical SEP-CV (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana) ha denunciado a través de un escrito remitido al Ayuntamiento de Castalla la falta de personal y de inversión en equipamiento que viene sufriendo la Policía Local. El colectivo de afectados ha asegurado, entre otras cuestiones, que dos motocicletas están inutilizadas por no tener la ITV en regla, y que el etilómetro, el sonómetro y tres chalecos antibalas están caducados.
En el documento presentado por el sindicato en el registro municipal se expone «el actual abandono y desinterés político mostrado en un área tan significativa como es la seguridad» y cita como primer problema «la falta de personal que sufre el área de l aPolicía Local» de Castalla, lo cual insiste, «está ocasionando dificultades para cubrir el servicio ordinario mínimo de dos policías por turno».
En esta línea, el colectivo muestra su «sorpresa» al constatar que «por decisión de la concejalía de Seguridad y a pesar de la escasez de personal, se ha ordenado a un agente que realice el servicio exclusivo y unipersonal de vigilancia (...) para controlar los vertidos en los contenedores de basura ubicados en la periferia».
Ante estas quejas, el alcalde, Antonio Bernabeu, ha explicado que la plantilla de la Policía Local se compone de 3 oficiales y 14 agentes y que el 42'85% de la misma actualmente se encuentra fuera de servicio por enfermedad y por «no poder ser cubiertas estas plazas por imperativo normativo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 2017».
El primer edil, no obstante, ha reconocido la «gran labor que está realizando el cuerpo», al mismo tiempo que ha justificado la dedicación de un agente a la vigilancia de contenedores en el extrarradio con la necesidad de paliar «los comportamientos incívicos». Asimismo, ha adelantado que «ya se ha empezado a colocar cámaras de vigilancia» para acabar con dicha situación.
En cuanto a la falta de equipamiento, el sindicato denuncia «el nulo interés en invertir recursos para el mantenimiento del material existente», y detalla que el etilómetro evidencial está inutilizado porque el certificado de verificación periódica «está caducado desde mayo de 2019» y el de muestreo está averiado. Una de las dos pistolas eléctricas también está estropeada desde principios de año y «todas las cargas de disparo a distancia están caducadas».
El cuerpo, insisten, carece de equipamiento «drogotest» y cuenta con un sonómetro cuyo certificado de verificación periódica está caducado desde 2015. A todo esto, el sindicato añade que 3 de los 10 chalecos antibalas «están caducados desde 2016 por su antigüedad» y los 7 restantes son de las tallas XL y L, lo que significa que «no se tiene en cuenta el tallaje del personal».
En este sentido, Bernabeu ha manifestado que el Intendente Jefe de la Policía Local les ha informado que 7 de los chalecos «están en perfectas condiciones de uso» y que los otros 3 únicamente sirven para la protección de agresiones con arma blanca, y que es un material «más que suficiente».
Pero las quejas de los agentes van más allá, e insisten en que dos motocicletas están inutilizadas por tener la ITV caducada desde 2016, que otras dos tienen los neumáticos con una antigüedad superior a los 10 años y que los dos vehículos policiales disponen de un maletero convencional que carecen de «acondicionamiento propio del uso policial». También denuncian la falta de señalización y deficiencias en las oficinas.
A las reivindicaciones del colectivo se ha sumado la portavoz del PP, Magda Berenguer, quien exige al ejecutivo local de Castalla mayor inversión. Por su parte, el alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno tendrá en cuenta las necesidades de material en los presupuestos de 2020.
