Las farmacias rurales reclaman ayudas a la Generalitat para asegurar su continuidad. Profesionales del sector de toda la Comunidad Valenciana se reúnen este martes 12 de noviembre con representantes del gobierno autonómico para exponer su situación laboral y económica y exigir medidas que permitan organizar guardias o cubrir vacaciones y bajas médicas, así como para pedir que se actualice el listado de medicamentos obligatorios, es decir, que deben tener siempre en los establecimientos.

La falta de servicios es el principal problema con el que lidian a diario los vecinos del mundo rural. En la provincia hay 59 municipios de menos de 1.500 habitantes y todos ellos tienen farmacia. Sin embargo, los profesionales del sector están teniendo que hacer frente a multitud de dificultades para mantener abiertos sus establecimientos.

Por ello, representantes farmacéuticos de las provincias de Alicante, València y Castellón se van a reunir hoy con el gobierno autonómico para exigir medidas que les permita continuar prestando un servicio tan importante y necesario. Entre las demandas del colectivo destaca que las farmacias rurales se ven obligadas a estar siempre de guardia o sus propietarios localizables, ya que se les aplica la normativa general. Una posible solución que plantean es que la Generalitat les dé una ayuda económica que les permita contratar a otros profesionales, algo que no pueden permitirse.

Al mismo problema se enfrentan cuando quieren coger vacaciones, baja por enfermedad o permiso de maternidad o paternidad. En estos supuestos, según han explicado fuentes del colectivo, piden que se establezcan turno entre las poblaciones más cercanas, por ejemplo las que se encuentren en un radio de unos 6 u 8 kilómetros.

Asimismo, hay un porcentaje de farmacias rurales que son más vulnerables y por ello perciben una ayuda económica, dado que de no ser así no podrían subsistir. En estos casos exigen que el Consell actualice las aportaciones, las cuales se mantienen intactas desde 2011, tal y como han denunciado los afectados.

La demanda de los profesionales del sector no acaba ahí, pues también quieren que los ayuntamientos concedan ayudas para el pago de alquiler de los locales en los que ubican las farmacias, así como reclaman a la Conselleria que actualice el listado de medicamentos obligatorios. En este último punto, las fuentes consultadas han explicado que se trata de una serie de fármacos que deben tener siempre, pero que en muchos casos prácticamente no se prescriben y que acaban caducando.

Por último, las citadas fuentes han recordado que durante la crisis se aprobaron reales decretos para la contención del gasto farmacéutico a través de los cuales los profesionales están obligados a pagar un porcentaje al Estado, cifra que no han querido facilitar. Dado que la situación económica ha mejorado, tal y como han incidido, piden que se retire.

Con todo, el objetivo de los farmacéutico rurales no es otro que dar a conocer al gobierno valenciano la difícil situación en la que se encuentran y pedirle una serie de medidas sin las cuales muchos de ellos se verán abocados a cerrar sus negocios, lo que supondría un duro golpe para el mundo rural.

Si bien en la provincia de Alicante el número de afectados ronda los sesenta, la cifra es muy superior, teniendo en cuenta que a las reivindicaciones se suman los profesionales de las poblaciones rurales de València y Castellón.