El Ayuntamiento de Alcoy está tramitando el derribo de 22 edificios del casco antiguo en estado de ruina con el objetivo de prevenir riesgos y combatir el problema de los okupas. El objetivo que se persigue con los expedientes abiertos es que los propietarios se hagan cargo directamente de los trabajos, o bien que el propio consistorio actúe de forma subsidiaria. También se han impuesto multas coercitivas por importe de 5.000 euros desde el inicio del año para forzar los derribos.
Los okupas y los problemas de convivencia que generan han saltado a la actualidad en las últimas semanas, después de las protestas iniciadas por los vecinos de la calle Casablanca, a las que se han sumado los de otras calles del centro. Los afectados reclaman al Ayuntamiento la adopción de medidas
En este contexto, la concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, ha insistido en las dificultades para hacer frente al problema, debido a la escasez de competencias de los ayuntamientos en esta materia. «Los desalojos -argumenta- solo se pueden llevar a cabo por orden judicial, y siempre después de que medie una denuncia por parte del dueño de la vivienda afectada».
En lo que sí está trabajando el gobierno municipal es en un plan para derribar los edificios que se encuentran en estado de ruina, justo los que son más susceptibles de ser ocupados al encontrarse deshabitados. En este sentido, la edil ha informado que en estos momentos el Ayuntamiento tiene abiertos los expedientes de 19 fincas en ruinas del casco antiguo, de las cuáles cuatro ya tienen la declaración de ruina inminente y se han adjudicado las obras de demolición. En una de ellas, situada precisamente en la calle Casablanca, ya se han iniciado los trabajos.
Zamorano explica que en el momento en que se declara un inmueble en ruina el Ayuntamiento contacta con los propietarios para instarlos a realizar la demolición. El consistorio solo puede actuar de forma subsidiaria cuando la declaración pasa a ser de ruina inminente, como sucede en los cuatro casos en que ya se han adjudicado las obras.
A estos 19 edificios se suman otros tres en los que se ha iniciado ahora el expediente para la declaración de ruina, por lo que también quedarán inmersos en el proceso que les llevará finalmente al derribo. Con el objetivo de forzar las demoliciones, además, se han impuesto multas coercitivas en 2019 por valor de 5.000 euros.
El problema radica en que la tramitación de los expedientes suele durar entre tres y cuatro años, debido a las dificultades que los acompañan. «Hay que localizar a los propietarios, resolver recursos, imponer multas... Además, si las casas se encuentran dentro del área declarada Bien de Interés Cultural, a los propietarios se les obliga a presentar un proyecto de nueva construcción, lo que complica más el proceso».
Una parte de las casas son propiedad de entidades bancarias, fruto de embargos o como consecuencia de concursos de acreedores de promotoras que quebraron.
Zamorano, por último, lamenta las críticas de la oposición, «siendo conscientes de las limitaciones de los ayuntamientos».
Críticas a la campaña de «gran hermano»
Vecinos y partidos de la oposición califican la iniciativa de «broma pesada» y «reality show» y piden medidas complementarias
La campaña a lo «gran hermano» puesta en marcha por el Ayuntamiento de Alcoy para atraer vecinos al centro ha sido duramente criticada por partidos de la oposición y una plataforma vecinal acabada de constituir.
Tal y como se informó, la campaña, denominada «Vols les claus del centre?», tiene su epicentro en una casa de madera montada en la plaza de España, donde dos parejas vivirán durante seis días mientras publican sus experiencias en el barrio a través de las redes sociales.
Pues bien, son varias las voces críticas que se han levantado contra la iniciativa. Por parte del PP, su concejala, Amalia Payá, destaca que la campaña, a modo de «reality show», ha «suscitado entre la población muchas dudas acerca de si reportará o no beneficios al centro histórico». La edil señala que en el casco antiguo hay falta de limpieza y seguridad, okupas, obras prometidas y no ejecutadas, falta de información y mucho más, «pero llega el gran hermano al medio de la bandeja».
Más dura se muestra la portavoz de Guanyar Alcoi, Sandra Obiol, quien no duda en calificar la campaña de «broma pesada». La plataforma rechaza que «se frivolice con el problema de acceso a la vivienda y la mala situación del centro», al tiempo que desconfía de que «la política de escaparate revitalice el casco antigio de la ciudad». En este sentido, reclama al gobierno socialista «medidas que mejoren la vida de los vecinos».
La campaña, asimismo, ha sido el detonante de la creación del colectivo «Cadascú va a lo seu», que cuestiona abiertamente que el Ayuntamiento haya presentado «una campaña de márketing» para atraer vecinos, cuando los problemas centrales son «la degradación, la despoblación o el envejecimiento poblacional». Así, reclaman planes de rehabilitación y programas de inversión que revitalicen la vida del barrio.
