Las concesionarias de los servicios de la basura y el autobús urbano reclaman al Ayuntamiento de Alcoy 2,7 millones de euros por vía judicial. Las concesionarias han presentado denuncias en los juzgados de lo contencioso administrativo al estar disconformes con la revisión de precios de sus contratos. Desde el consistorio se ha decidido solicitar su adhesión al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de amortiguar los efectos que unas hipotéticas sentencias en contra tendrían sobre las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Alcoy se enfrenta a una serie de denuncias presentadas por las concesionarias del servicio de la basura y del autobús, que podrían tener un fuerte impacto sobre la economía municipal. Según la información facilitada, en el caso de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), encargada del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana, son dos las denuncias que se han planteado. En la primera reclama 376.757 euros por la revisión de precios de la limpieza de servicios públicos del período comprendido entre 2009 y 2015, mientras que en la segunda, la más voluminosa, pide 2.108.705 euros por el servicio de recogida de basura correspondiente a 2018.
En lo que respecta al servicio del transporte urbano, la concesionaria, la empresa Tuasa, pide 234.770 euros también relacionados con revisiones de precios. El proceso judicial, en este caso, ya se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, destaca que en los contratos se estipulan revisiones periódicas para ir actualizando los precios del servicio. Es ahí donde han surgido discrepancias entre lo que piden las empresas y lo que ofrece el Ayuntamiento, las cuales han terminado finalmente en los tribunales.
Moltó, asimismo, ha señalado que en lo que respecta a la denuncia de mayor envergadura, la de la basura de 2.108.705 euros, la discrepancia estriba en que el período por el que se solicita esta cantidad se corresponde con la época en que el servicio estaba prorrogado, «por lo que se trata de una reclamación extracontractual». La otra demanda se remonta a 2009, con el anterior gobierno municipal.
Expropiaciones
A estas denuncias hay que sumar otra que también se encuentra en manos del TSJ, por parte de unos propietarios de terrenos que reclaman 811.771 euros por unas expropiaciones realizadas en el casco antiguo cuando, destaca la propia Moltó, el PP estaba al frente del ejecutivo local.
Así las cosas, y en previsión del daño que podrían provocar a las arcas municipales unas sentencias firmes en contra, el Ayuntamiento ha decidido solicitar su adhesión al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, un organismo que ayuda a las corporaciones locales en caso de tener que hacer frente al pago de fallos judiciales. «Es una medida preventiva, porque los asuntos todavía están en fase de litigio», subraya.
Podemos y Guanyar reclaman la municipalización de los servicios
Los grupos municipales de Podemos y Guanyar vienen reclamando desde hace tiempo la municipalización de los servicios de la recogida da basura, limpieza viaria y el autobús, una solicitud sobre la que vuelven a la carga ahora con más fuerza.
Podemos, en concreto, considera que las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento por las empresas adjudicatarias son «una oportunidad». Según señala el concejal Cristian Santiago, «ya basta de mantener las privatizaciones de los servicios básicos como el agua, la limpieza viaria o el transporte público, porque estamos pagando un pastón y, encima, estas mismas empresas nos interponen denuncias por cerca de 3 millones de euros, lo que es una auténtica barbaridad».
También desde Guanyar, el edil Paco González insiste en solicitar «la reversión de la privarización del servicio de autobús», al tiempo que reclama un modelo de transporte público «que priorice las necesidades de los alcoyanos por encima del interés empresarial». Así, la plataforma solicita la realización de una auditoría del servicio en la ciudad, además de «un debate serio y público alrededor del modelo de gestión».
