Una nueva oleada de robos en Tibi ha reabierto el debate sobre la falta de seguridad que afecta en mayor medida a los diseminados y al polígono industrial. El PSOE, al frente del gobierno municipal con el respaldo de AIDU, tiene previsto cubrir la plaza de Policía Local que quedó vacante tras el traslado de un agente, mientras que el PP ha frenado el proceso y lo ha calificado de «ilegal».
Desde el pasado mes de julio se han producido varios robos en el término municipal de Tibi, en su mayoría en el nuevo polígono industrial. La gasolinera de El Maigmó también ha vuelto a sufrir un asalto, así como una vivienda de la urbanización Finca Terol y un supermercado situado en pleno casco urbano.
Estos sucesos, contrastados por este diario, han reabierto el debate sobre la falta de seguridad en el municipio, al parecer provocada por una plantilla de la Policía Local que se encuentra «bajo mínimos» desde que, según han informado fuentes cercanas a la misma, un agente pidiese el traslado a otra población.
El alcalde, José Luis Candela, ha confirmado que en las últimas semanas «se han acumulado algunos robos», y que se trata de una situación que suele darse sobre todo en el periodo estival. Candela ha asegurado que desde el Ayuntamiento «estamos luchando para mantener la vigilancia que teníamos», intensando cubrir la plaza de agente de la Policía Local que quedó vacante meses atrás.
Para ello, el Consistorio inició el proceso para aprobar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Xixona para nombrar a policías interinos de la bolsa de la población vecina.
El objetivo era cubrir con carácter provisional y de urgencia la vacante para que la seguridad no mermase en los pasados festejos locales y durante el verano, que es cuando mayor población registra Tibi, sobre todo en los diseminados, mientras se convoca el procedimiento legalmente establecido.
Pero la portavoz del PP, Yolanda Garrigós, ha manifestado a través de un escrito presentado en el Ayuntamiento que «no parece razonable que se pretenda argumentar la urgente necesidad por motivos de seguridad ciudadana, cuando la corporación municipal pretende cubrir el servicio con un agente interino (con las restricciones que esto implica)».
Es por ello que la popular solicita que se tenga en cuenta su alegación en contra del convenio y de la urgencia, dado que el objetivo de éste «no es otro que la contratación de un agente de Policía Local interino, contratación que es a todas luces ilegal». Además, ruega «al señor alcalde que inicie los trámites lo antes posible, pero no para cubrir las fiestas locales o la demanda estival, sino para todo el año», al entender que la falta de seguridad existe los 365 días del año.
