El puente de Serelles vuelve a enfrentar al PSOE y al PP en Alcoy. El gobierno socialista se ha visto obligado a paralizar la adjudicación de su construcción, mientras los populares califican de «negligente e irresponsable» que iniciasen el procedimiento de un proyecto que está en los tribunales.
Tal y como publicó este diario a finales de mayo, el Ayuntamiento de Alcoy sacó a concurso las obras del puente de Serelles pese a que una de las empresas que se presentó a la redacción del proyecto había impugnado la licitación al no estar de acuerdo con el resultado.
El juzgado le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a declarar la baja temeraria de la proposición económica presentada por la UTE adjudicataria y a adjudicar el contrato a la empresa demandante. La sentencia fue recurrida por la administración local que, a falta de resolución definitiva, puso en marcha el proceso.
Ahora, según explica la concejala Lorena Zamorano, la empresa también ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la licitación de las obras y, mientras se sustancia, «porque nos hemos opuesto, está paralizado».
Tan pronto se resuelva, asegura la edil, «si no se acepta dicha medida continuaremos con la adjudicación definitiva y con la construcción del puente», pero por el momento «estamos siendo cautos».
No opina lo mismo el portavoz del PP, Quique Ruiz, que califica de «negligente e irresponsable» haber iniciado un concurso de obra sobre un proyecto «anulado por los tribunales». El popular lamenta que «el PSOE no hiciera caso cuando pedimos que no licitase la obra y siguió con el concurso saltándose una resolución judicial».
Ruiz está de acuerdo con «la necesidad de construir un puente en Serelles», pero no entiende «la precipitación del gobierno local en adjudicar en contra de la justicia una obra que lleva años pendiente de ejecutar». Asimismo, considera que la paralización ahora «es un 'mal menor' para evitar posibles consecuencias para el Ayuntamiento».
En respuesta al portavoz popular, Lorena Zamorano ironiza al asegurar que «creo que Quique Ruiz se refiere a lo que siempre ha defendido, a la ilegalidad del proyecto de urbanización que aprobó el PP en Serelles y que por culpa de esa urbanización ahora estamos pagando cerca de 900.000 euros en sanciones de la Confederación».
Con todo, ahora el Consistorio debe esperar a que las medidas cautelares que exige la empresa demandante sean aceptadas o rechazadas para decidir si continuar o no adelante con el concurso antes de la resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia.
