El Ayuntamiento de Alcoy ha desbloqueado la reforma de la plaza de la Constitución, conocida como la Rosaleda, después de 14 años de litigios. El equipo de gobierno aprobó ayer iniciar la licitación de la redacción del proyecto para recuperar la zona verde y cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por la obra realizada por el ejecutivo del PP. La empresa adjudicataria tendrá cuatro meses para presentar el documento definitivo.
En el verano de 2001 el Ayuntamiento de Alcoy, gobernado por el PP, inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rosaleda, adjudicando las obras a la unión temporal de empresas Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. El proyecto, tal y como denunció La Carrasca-Ecologistes en Acció, no respetaba la zona verde, y supuso el inicio de un largo camino de litigios que finalizó en mayo de 2018 con la aprobación del TSJ de la memoria arquitectónica para dar solución a la sentencia que condenó al Ayuntamiento por dicha actuación.
Ahora, más de un año después, el Consistorio sacó ayer a concurso la redacción del proyecto para recuperar la zona verde que se destruyó en su momento. La empresa adjudicataria dispondrá de cuatro meses para presentar el documento definitivo, el cual deberá basarse en el anteproyecto redactado por el arquitecto Ciro Vidal, y que fue consensuado por el equipo de gobierno y La Carrasca y aprobado por el TSJ.
La recuperación de la zona verde tendrá que ajustarse a la rasante y no supondrá la pérdida de ninguna plaza de aparcamiento, según la información facilitada por el Ayuntamiento. La valoración de la actuación se sitúa en alrededor de un millón y medio de euros.
El anuncio de licitación y el pliego de condiciones para la redacción del proyecto ya está publicado en el perfil del contratante, y una vez el gobierno local tenga el documento definitivo podrá adjudicar los trabajos.
La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, confía en que «el proyecto que finalmente salga adelante resuelva los problemas de ilegalidad que padece la plaza desde que el PP decidiese, desgraciadamente, saltarse la disciplina urbanística y ejecutar una zona verde ilegal».
Cabe recordar que el contencioso-administrativo presentado por La Carrasca fue aprobado por el TSJ en octubre de 2005 y ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
