El grupo Generala recupera la condición de agente urbanizador del Alamí tras cuatro años de pleitos judiciales con el Ayuntamiento de Ibi. Tras una larga etapa de idas y vueltas entre el equipo de gobierno y la constructora, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, un trámite que hace firme la última sentencia del TSJ de octubre de 2018 en la que se daba a la mercantil la condición de urbanizador. El municipio ibense ha aprobado la restitución de esta condición con los votos a favor de ADIi, Ciudadanos y PP y la abstención de PSOE, EU y Compromís, una premisa obligatoria para continuar con los trámites oportunos.
La zona del Alamí está de nuevo en manos de la Generala. La justicia, con el rechazo del recurso de casación presentado ante el Supremo por el consistorio ibense, hace firme la sentencia en la que la constructura es de nuevo la encargada de finalizar la urbanización, después de que el Ayuntamiento decidiera en su día incautarle el aval para asumir directamente las obras.
De esta forma, y tal y como dice el auto, la empresa debe cumplir la totalidad de las obligaciones asumidas en el programa así como la ejecución de todas las obras contempladas en el proyecto, además de las reparaciones que fueran necesarias, incluido el soterramiento de la línea eléctrica. Otra de las obligaciones es la de ejecutar el vallado de la manzana dotacional de equipamiento deportivo y la construcción de un vestuario y una cantina, todo valorado en 450.000 euros.
Para la restitución de la condición de agente urbanizador a la Generala el Ayuntamiento ibense ha celebrado un pleno extraordinario en el que algunos líderes de la oposición han mostrado su contrariedad por la resolución judicial, lamentando la situación en la que se encuentra ahora la urbanización, que de nuevo sume en la incertidumbre a los propietarios de las parcelas.
Por su parte, el edil de Urbanismo, Santi Cózar, manifestaba el desconcierto por la decisión judicial y aseguraba que hay que acatar la sentencia y que «vamos a estar vigilantes para seguir trabajando y velando por los intereses de todos los ciudadanos».
Ahora resta esperar y comprobar cuál es la reacción de la mercantil respecto a esta sentencia, y ver cómo se resuelve un expediente urbanístico que lleva abierto desde 2005 y que únicamente ha traído dolores de cabeza tanto a los propietarios de los terrenos como al propio consistorio local.
