Las cuestiones previas planteadas por la defensa obligaron ayer a suspender el juicio a la exconcejal de Deportes de Ibi Ana Sarabia (PP) previsto en la Audiencia Provincial de Alicante durante toda esta semana. El letrado Enrique Botella argumentó que la exedil no puede ser juzgada por un delito del malversación porque éste fue eliminado por el juez expresamente cuando dictó el procesamiento. El juez la mandó al banquillo por presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas. También la defensa planteó ayer la falta de legitimación del PSOE y del Ayuntamiento de Ibi para ejercer la acusación particular y pidió que se les expulse del procedimiento.
Ante estas cuestiones previas, la sala optó por suspender la vista e instó al letrado a que las presentara por escrito. Después se emplazará a las acusaciones para que respondan a lo alegado, antes de resolver si acepta o no los argumentos del letrado. Luego deberá señalarse una nueva fecha para el juicio. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que la vista oral no podría retomarse por lo menos hasta dentro de un año debido a la abultada agenda de señalamientos.
Beneficiar a familiares
La Fiscalía acusa a la exconcejala de los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios por los que reclama doce años de inhabilitación y dos años de cárcel, respectivamente. Se le acusa de haber organizado entre los años 2005 y 2006 viajes, cursos y actividades relacionadas con el área de Deportes que gestionaba sin estar regulados por ordenanza alguna y en los que reservaba plazas para familiares y amigos que no llegaron a pagar. También considera que la edil contrataba a familiares y a amigos para organizar estas actividades o como monitores de las mismas. Sarabia dimitió del Ayuntamiento en el año 2009 a raíz de su imputación.
Por su parte, las dos acusaciones particulares que ejercen los letrados José Sánchez Alarcos y José Luis Sánchez Calvo por el Ayuntamiento y el grupo socialista de Ibi respectivamente, le piden cinco años y medio de cárcel por un delito de malversación al considerar que las irregularidades causaron un quebranto de 20.000 euros a las arcas públicas municipales, a razón de 10.000 euros por año.
La Sección Tercera de la Audiencia tenía toda esta semana reservada para la celebración del juicio pero la sala ha optado por la suspensión a fin de estudiar los argumentos de la defensa. El letrado Enrique Botella planteó ayer en el arranque de la vista la vulneración de los derechos de la acusada porque el delito de malversación fue excluido por el juez cuando cerró la instrucción y que la Audiencia respaldó este criterio cuando el PSOE recurrió esta decisión. También planteó que ni el Ayuntamiento de Ibi ni la Fiscalía acusaban a la exedil de este delito, aunque la corporación modificó este criterio y sí que lo hizo posteriormente.
En este sentido, la defensa reclamó la expulsión de este proceso tanto del Ayuntamiento como del grupo socialista al considerar que ninguno puede ejercer la acusación por no ser perjudicados por el presunto delito. El letrado incidió en que el papel de las acusaciones ha sido dilatar el proceso a base de recursos y considera que de no ser por ellos el juicio podría haberse celebrado hace cinco años. Según su criterio, tampoco podrían ejercer la acción popular porque en su día ni presentaron querella por estos hechos, ni pagaron la fianza que es preceptiva para poder ejercerla.
Las dos acusaciones han anunciado que se opondrían a las peticiones de la defensa aunque por estrategia procesal han eludido avanzar cuáles serán sus argumentos. Aunque han subrayado que algunas de estas cuestiones se plantearon ayer al inicio del juicio por primera vez tras más de diez años.
Reproches desde la defensa al papel de la Fiscalía
El abogado de la exedil Ana Sarabia reprochó a la Fiscalía su actuación en el proceso. El letrado Enrique Botella señaló que el fiscal actúa en defensa de la legalidad y por lo tanto tendrían que ser los primeros que deberían haber alertado de que la acusada no podía ser juzgada por un delito de malversación. En este sentido, Botella recordó que la Fiscalía en su día no acusó de la malversación y por eso debería haber pedido antes su exclusión del proceso.
