La Generalitat pagará los gastos judiciales de los afectados de Ardystil 26 años después de que las Cortes Valencianas se comprometieran ello. Ximo Puig, que ayer recibió a representantes del colectivo en València, anunció la aprobación de un decreto, previsiblemente este viernes, por importe de 500.000 euros. El denominado síndrome de las aerografías textiles situadas en Alcoy, Cocentaina y Muro se cobró seis víctimas mortales y más de medio centenar de afectados.
Fue en 1992 cuando el denominado caso Ardystil irrumpió con toda su crudeza. Cinco trabajadoras de esta empresa ubicada en Cocentaina, además de un empleado de Areomán, en Alcoy, perdieron la vida a consecuencia de una fibrosis pulmonar. El síndrome, igualmente, se cobraba más de medio centenar de afectados tanto de estas mismas firmas como de otras ubicadas en los citados municipios.
La comisión de Política Social y Empleo de las Cortes Valencianas aprobaba en julio de 1993 abonar los gastos judiciales al colectivo, en un compromiso que no se había cumplido hasta la fecha. Fue ayer, en una entrevista mantenida en València, cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se compometía a saldar esta deuda antes de que en apenas mes y medio finalice la presente legislatura. Será, previsiblemente, mañana viernes, a través de la aprobación de un decreto ley dotado con 500.000 euros.
El jefe del Consell expresaba la disposición de la Generalitat a reparar el dolor de los afectados, indicando que «de lo que se trata es de coser heridas y de que esta institución ofrezca el tratamiento humano que se merecen quienes han sufrido mucho».
Puig reseñaba que tanto la reunión como el pago de los gastos forman parte de «la reparación histórica de un accidente laboral» que tuvo «una dimensión enorme en la década de los 90» y que «no tenía una solución definitiva».
El presidente recordaba que «una mala actuación provocó consecuencias terribles como la muerte y problemas para toda la vida», añadiendo que el Consell «debe dar cobertura a estas situaciones». «Me emociona -prosiguió Puig- compartir con los afectados en estos momentos la voluntad de reparar, avanzar y mirar hacia adelante», señalando además que ayer pidió perdón por lo sucedido a las personas afectadas en nombre de la Generalitat.
Reparación
Consuelo Ragües, madre de dos de las fallecidas, señalaba por su parte que con este encuentro «se va a reparar el mal que se ha hecho. Hemos estado 20 años enviando cartas y Camps no nos quiso recibir y él se lo perdió. Ahora he visto voluntad de recibirme porque creo que tengo derecho de reclamar no para mí, sino para el grupo».
Así, recordaba que vio a sus hijas en la UVI. «¿Cómo no me voy a acordar de ellas? Se sufrió mucho porque los médicos no nos daban seguridad sobre lo que pasaba».
Lola, una afectada que trabajaba en la empresa Ardystil, señalaba que ella empezó a trabajar con 15 años y «no había ventiladores, ni mascarillas». Agradecía a Puig la reunión, pero remarcaba al mismo tiempo que «solo el 40% de los afectados han cobrado las indemnizaciones», porque la Generalitat «solo se hizo cargo de los trabajadores de Ardystil debido a que ahí un inspector de trabajo no hizo bien su labor». En cambio, «en el resto de mercantiles, como se probó que no hubo inspección, no han cobrado indemnizaciones».
A la cita de ayer también acudió el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, así como el exalcalde de Cocentaina y actual diputado autonómico Rafael Briet.
Cronología
Febrero de 1992
Fallece Isabel Miró, la primera de las seis víctimas mortales de fibrosis pulmonar provocada por las aerografías textiles, dedicadas a la estampación mediante la pulverización de la tela a través de pistolas neumáticas. Tras ella llegarían ese mismo año Yovana y Soraya Ragües, Andrés Méndez, Milagros Lucas y Josefa Parra, a las que hay que sumar más de medio centenar de afectados.
Julio de 1993
Las Cortes Valencianas aprueban por unanimidad una resolución en la que se acuerda asumir el pago de los costes procesales de los afectados.
Diciembre de 1993
La secretaría general de la Seguridad Social declara el síndrome Ardystil como enfermedad profesional.
Junio de 2003
La Audiencia de Alicante dictamina que la propietaria de Ardystil cometió un delito contra la seguridad de los trabajadores y un inspector de trabajo otro de imprudencia temeraria. El Supremo, no obstante, rebajaría esta última pena a una falta, manteniendo la responsabilidad civil subsidiaria de la Conselleria de Trabajo, pero sólo para los afectados de Ardystil, no para las restantes aerografías. Otros seis empresarios fueron condenados a penas simbólicas por faltas por imprudencia.
Marzo de 2019
Ximo Puig se compromete a abonar los gastos judiciales de los afectados, cumpliendo el acuerdo de 1993.
