La Generalitat ha dado el visto bueno para que el Ayuntamiento de Alcoy incluya el parque tecnológico de Pagos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata, aunque con recortes en lo que respecta a su superficie, de la gran apuesta del gobierno municipal del PSOE en esta materia junto a la ampliación del polígono Santiago Payá. Una iniciativa que ha costado sangre, sudor y lágrimas, y que se convierte de facto en el primer proyecto de suelo industrial que cuenta con todas las bendiciones administrativas para ser desarrollado en nada menos que veinte años.
Hablamos de dos décadas en la que los políticos de esta ciudad, sean del color que sean, han demostrado una incapacidad manifiesta en este contexto, lo cual es más grave si se tiene en cuenta que Alcoy sigue siendo un enclave industrial de primer orden, y que su futuro pasa ineludiblemente por continuar siéndolo.
Pero lo peor de todo es que a lo largo de este tiempo un asunto como este, que debería ser capital, tan sólo ha servido para los enfrentamientos y la refriega política. Sólo hay que hacer referencia a la polémica generada con el proyecto «Alcoinnova», a través del cual se planteaba el traslado de La Española a la Canal. Desde un primer momento se sabía que la iniciativa se enfrentaba no sólo al rechazo de una parte importante de la sociedad alcoyana, sino también a dificultades reales y evidentes de carácter medioambiental, debido a que la ubicación elegida se encuentra justo en la frontera del área de amortiguación del parque natural de la Font Roja y en las inmediaciones del acuífero del que se abastece la mayor parte de la ciudad.
El problema no es de la empresa, que tiene el legítimo derecho a planificar una actuación allá donde considere más conveniente. Lo que resulta sorprendente es que las administraciones públicas, y más en concreto el anterior gobierno autonómico, le hiciese creer que el proyecto era completamente viable y carente de impedimentos, pasando para ello por encima de los criterios municipales y aprovechando la coyuntura para torpedear la credibilidad de un gobierno municipal en manos de sus adversarios políticos.
Pero la tozuda realidad se ha encargado poco a poco de ir poniendo las cosas en su sitio, y lo que tenía que haberse tramitado con celeridad se ha ido eternizando a raíz de los contenciosos interpuestos por el Consistorio y, sobre todo, por la asociación Salvem el Molinar y el grupo ecologista La Carrasca, entidades éstas que han conseguido que el TSJ anulase el plan «Alcoinnova». El tema se encuentra ahora en el Supremo tras el recurso presentado por la empresa, pero no pinta demasiado bien para los intereses de ésta, habida cuenta que sólo ha admitido a trámite uno de los siete argumentos planteados.
En definitiva, cerca de siete años de esfuerzos infructuosos que han ido dilatando todavía más el desarrollo de suelo industrial en Alcoy. Porque además, el proyecto de la Canal ha propiciado que por parte de la Generalitat se hayan venido poniendo trabas al parque tecnológico de Pagos, al entender que se trataba de dos iniciativas similares y situadas a muy poca distancia. La decisión del TSJ ha contribuido al cambio de opinión y a que se haya dado luz verde a la propuesta del gobierno municipal después de numerosas gestiones.
Y llegados a este punto, se podrá argumentar, no sin razón, que se trata de una actuación industrial que ha sido recortada por los técnicos respecto a sus dimensiones iniciales por su impacto paisajístico, y que puede resultar insuficiente para el horizonte industrial de la ciudad. Pero es, a día de hoy, el único proyecto que ya cuenta con todas las bendiciones, y sobre el que ya está trabajando el SEPES de cara a su posible implicación en las obras de urbanización. Además, cuenta con respaldo empresarial, tal y como se afirmaba esta misma semana desde FEDAC.
La insuficiencia de metros, asimismo, debería llevar a la reflexión. Si cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en el término municipal de Alcoy tropieza con múltiples inconvenientes debido a la orografía y valores ambientales, tal vez es porque no hay más posibilidades. A muchos nos gustaría tener mar y playa en nuestra ciudad, pero las cosas son como son. Y para eso está la Mancomunidad de l'Alcoià y El Comtat y su proyecto -por cierto eterno- de polígono mancomunado en la vecina localidad de Muro, si de verdad en esta comarca se han erradicado las políticas de campanario, cosa que todavía está por ver.
Con todo ello, es lícito reclamar a las fuerzas políticas responsabilidad buscando el consenso en una cuestión de estado, para que gobierne quien gobierne la hoja de ruta esté perfectamente definida. Eso, claro está, si no queremos pasarnos otros veinte años sin crear ni un sólo metro de suelo industrial.
