La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adeuda tres meses de financiación al Centro Ocupacional San Pascual de Ibi, que atiende a 64 discapacitados psíquicos, lo que le va a impedir abonar la nómina a sus 18 trabajadores. Este retraso también está afectando a otros centros similares tanto de la provincia como de la Comunidad Valenciana, tal y como ha reconocido la propia conselleria, que confía en que la situación se resuelva en breve.
La Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Intelectual (ACODIP) anota el tercer mes sin recibir los pagos del concierto por parte de la conselleria. La entidad, que gestiona el Centro Ocupacional San Pascual de Ibi, con 54 alumnos, y dos viviendas tuteladas, con 10 ocupantes, no ha recibido las cuantías mensuales que permiten realizar los pagos de sus 18 empleados y teme no poder retribuir sus sueldos a final de este mes.
En total, la conselleria debe más de 120.000 euros a la asociación, una cantidad necesaria para que la actividad del centro y las viviendas tuteladas puedan continuar sin riesgos ni repercusiones en los trabajadores.
Tal y como explicaba el director del centro, Paco Rico, la situación ha sido inestable desde inicios de 2018. Con el cambio del modelo de financiación de subvención a concierto las demoras en los pagos fueron frecuentes durante todo el año. Explicaba que «el concierto no se firmó hasta agosto, desde enero que tenía que haberse cerrado, hasta este mes estuvimos sin cobrar y en mayo no tuvimos más remedio que pedir un crédito de 412.000 euros al Instituto Valenciano de Finanzas para poder seguir con los servicios». Puntualizaba que «este crédito ha supuesto 3.500 euros de intereses, que hemos pagado a la Generalitat, aspecto que resulta peculiar, ya que hemos abonado intereses a quienes nos debían el dinero».
Rico indicaba que «en agosto nos pagaron los atrasos y eso posibilitó que pudiéramos devolver la cuantía del crédito al IVF pero con los intereses correspondientes. A partir de ese mes nos pagaron y la situación parecía resuelta hasta que en octubre pararon de nuevo y hasta la fecha». El director del centro indicaba que «con el dinero que nos queda vamos a afrontar los seguros sociales, pero las 18 personas que llevan a cabo todas las actividades y servicios para los usuarios no podrán cobrar su sueldo este mes». Para solventar esta situación, apuntaba que «tememos que vamos a tener que volver a pedir otro crédito y asumir los intereses para que ni los trabajadores ni los usuarios se vean afectados».
Prioridad
Fuentes de la conselleria reconocían ayer que la situación está afectando a otros centros similares. Con todo, añadían que la puntualidad en los pagos ha sido una prioridad para la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas desde el inicio de la legislatura, y que por ese motivo se asumió el compromiso con las entidades det tercer sector de poner en marcha el denominado concierto social, una reivindicación histórica de este colectivo que termina con las subvenciones anuales, que hacían que en muchos casos los pagos comenzaran, en el mejor de los casos, en abril.
Fue en 2018 cuando se puso en marcha este concierto que, añaden desde conselleria, ha permitido hacer efectivo el 82% del presupuesto de 100 millones de euros con el que cuenta para el citado año, abonado ya a las entidades. La cuantía restante que queda por pagar, aseguran, está contabilizada por parte de la Conselleria de Igualdad y pendiente de pago por parte de Tesorería.
Además, añaden que para solucionar esta situación se han puesto en marcha mecanismos para que aquellas asociaciones que lo necesiten puedan disponer del dinero por adelantado, como la línea de crédito con el IVF, que comenzó a funcionar en 2017 y se ha prorrogado en 2018.
La conselleria destaca que el porcentaje de pago del 82% en 2018 queda muy por encima del 57% de noviembre de 2012, el 57% de 2013 y el 54% de 2014, a la vez que se sigue la línera de eficiencia en la gestión que se inició en 2015, con un porcentaje de pagos del 72% y del 80% en 2016.
