Estos días se cumplen 40 años de la aprobación, mediante referéndum y por amplísima mayoría, de la Constitución Española de 1978.

Sin duda el acontecimiento político más relevante de la segunda mitad del siglo XX, y que fue algo más que la Norma suprema que garantiza nuestros derechos fundamentales. Significó la encarnación de los anhelos y sufrimientos de todos aquellos que lucharon por recuperar la libertad y transformar la sociedad “después de una larga noche de cuarenta años”.

Ello fue posible gracias a un modélico y amplísimo consenso de los partidos políticos, que trajo consigo una ejemplar transición, y que con la a probación de la Carta Magna, el llamado régimen del 78, devolvió la soberanía nacional al pueblo español, desarrollando, al tiempo, una profunda descentralización política mediante el Estado de las Autonomías.

Toda una historia de éxito, no solo por la recuperación de las libertades y de la soberanía popular y la instauración del Estado Social y Democrático de Derecho, sino porque permitió que nuestro país alcanzara las mayores cuotas de progreso, bienestar y estabilidad de nuestra historia, posibilitando, al tiempo, nuestra integración en la UE y la consiguiente homologación con los países democráticamente avanzados.

La Transición española fue una transición doble: de la Dictadura a la Democracia y del Estado centralista y unitario al Estado políticamente descentralizado. Democracia y Estado de las Autonomías eran indisociables para los constituyentes de 1978.

Dicho todo lo anterior, no es menos cierto que estamos asistiendo a un evidente agotamiento del modelo de organización territorial, y que los efectos de la crisis económica desde 2008 vienen azotando con dureza a España: con una creciente desigualdad, un lacerante paro juvenil, el desequilibrio del sistema público de pensiones, etc.

Asistimos, por otro lado, a un evidente deterioro institucional, tanto desde el lado del Estado Autonómico como el de la relación entre los diferentes poderes del Estado y la proliferación de una corrupción insoportable durante los últimos años.

Significar también, a día de hoy, que más de la mitad de los españoles no votaron la vigente Constitución. Todo ello, lamentablemente, ha contribuido a minar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución; lo que requiere una urgente respuesta, si queremos atajar este deterioro, y queremos conservar cuanto de bueno hemos logrado los españoles a partir de las tres primeras décadas de vida constitucional.

Por tanto, procede, en este 40 aniversario, la necesidad de releer este texto con la voluntad de actualizarlo, de darle vigencia, ¡de reformarlo!, y de recuperar el consenso y el compromiso perdido de las nuevas generaciones, sin ningún protagonismo hegemónico, como se hiciera en 1978.

Por lo que respecta al Estado Autonómico, además de adecuar el papel del Senado, habría que sustituir el confuso sistema de distribución de competencias, concebir un equilibrado y eficaz sistema de financiación, reforzar los rasgos federales y preservar mejor las singularidades de algunas nacionalidades, con tal de aliviar las tensiones nacionalistas, salvando, obviamente, la igualdad en la prestación de servicios en todo España

Y en general, tener en cuenta un mejor encaje en el mundo globalizado, una ineludible mejora de las políticas públicas: educación, innovación, eficiencia institucional, etc. En definitiva, aumentar la eficacia del sistema y la satisfacción de los ciudadanos.

Sin olvidar que entramos en un proceso reformador i no constituyente, y que la Constitución no resuelve, por sí mismo, todos los problemas de nuestra convivencia. Y, como ya Francec Eiximenis afirmara, respecto a los gobernantes y políticos: “hacerlo desde los valores, desde la ética y desde la moral”.

Apostillo. Después de escribir estas líneas que anteceden, han tenido lugar los comicios autonómicos en Andalucía, cuyos resultados, lejos de apartarnos de la línea de exposición, no solo nos reafirma en la misma, sino que nos induce a un mayor compromiso con los principios esenciales de nuestra Constitución, a un más claro afianzamiento de nuestros valores democráticos, y a una más evidente y urgente necesidad de la adecuada reforma de la Carta Magna.

Convencido, por otro lado, que la desafección en general, y la de los jóvenes en particular, así como la aparición de determinadas corrientes involucionistas en la escena política, como mejor se combate es con más Democracia, y una mayor unión ante este tipo de situaciones, de quienes compartimos en su mayoría los principios fundamentales del Estado de Derecho y una Sociedad Democrática.